La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció que realizará un paro con movilización para el próximo miércoles 29 de julio en el marco de la sanción definitiva de la reforma jubilatoria. La convocatoria a la marcha está programada para las 9:30 y partirá desde la sede de la Caja de Jubilaciones provincial para finalizar en la plaza Mansilla de Paraná, en coincidencia con la sesión en la Cámara de Diputados. De la medida de fuerza participan diversas organizaciones aglutinadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones.
La protesta gremial se da tras el tratamiento del proyecto denominado "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional" en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, donde la iniciativa del Poder Ejecutivo logró dictamen para llegar al recinto.
El rechazo de los gremios al dictamen en la Cámara de Diputados
Durante el debate previo en la Cámara baja, los representantes de los trabajadores estatales dejaron sentada su firme postura frente a los legisladores. Las entidades expusieron sus miradas sobre el cálculo del haber inicial, la edad de jubilación y las fórmulas de movilidad, al tiempo que valoraron la apertura a la discusión en la Legislatura y en paralelo, otros manifestaron propuestas alternativas ante los miembros de las comisiones.
Al hacer uso de la palabra, el secretario general de AGMER, Abel Antivero, advirtió acerca del impacto de la medida en las condiciones de salud de los docentes y criticó la lógica del proyecto, al señalar que la norma propuesta tiene una: "mirada empresarial, que detrás no hay personas". Y denunció que se trata de un: "ajuste" que implica la "pérdida del 82 por ciento móvil".
En esa misma línea, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron el alcance de la ley. El secretario de Interior del gremio, Esteban Olarán, criticó que la iniciativa signifique una: "armonización con el sistema nacional" en un momento de crisis, por lo que pidió: "responsabilidad institucional" y exigió "políticas de Estado que protejan a las generaciones futuras".
A su turno, el secretario de ATE, Víctor Sartori, focalizó su crítica en el mecanismo para establecer los haberes de los pasivos provinciales. Denunció que modificar la base de cálculo a 15 años provocará que las autoridades: "no puedan garantizar el 82 por ciento".
Debate interno y posturas frente a las modificaciones del texto
Por su parte, la secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez, defendió la postura de sus agremiados de sentarse a negociar al afirmar que: "para representar a los trabajadores hay que discutir".
La dirigente valoró los cambios logrados en el articulado durante el tratamiento legislativo y lanzó una crítica hacia otros sectores al asegurar que: "los que dicen que 'la Caja no se toca' abandonaron a los trabajadores", al tiempo que sostuvo que: "le hubiera gustado discutir un proyecto de reforma jubilatoria en años anteriores que tal vez hubiera evitado que hoy estemos en esta situación".
La jornada de debate en el ámbito parlamentario contó además con la presencia del secretario gremial de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Roberto Aguirre; la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Claudia Vallori; el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, Oscar Pirillo; el tesorero de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER), Gilberto De Vecchio; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), Federico Colominas; y el secretario general de la Asociación de Judiciales Entre Ríos (AJER), José María Segura.