En las últimas horas, una acción judicial colectiva fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) con el objetivo de exigir la suspensión inmediata del tratamiento parlamentario de la iniciativa hasta tanto la ciudadanía entrerriana pueda expresarse democráticamente mediante una consulta popular.
La presentación judicial fue articulada por el Estudio Jurídico Giampaolo & Asociados, de la ciudad de Concordia, en representación y acompañamiento directo de un amplio arco de referentes sociales, jubilados, pensionados, dirigentes gremiales y militantes de base pertenecientes a diversas localidades de la provincia, entre ellas Concordia, Paraná, Victoria, Villaguay y Gualeguaychú, según publicó el portal R2820.
La acción se promovió bajo el amparo de las facultades especiales que reconoce la Constitución de Entre Ríos para aquellos casos de carácter colectivo que revisten una relevante incidencia institucional. Esta condición de excepcionalidad e impacto social es la que habilitaría, de manera directa, la competencia originaria del máximo tribunal entrerriano para intervenir con urgencia en el planteo.
Tratados internacionales y la prohibición de medidas regresivas
Los fundamentos técnicos del recurso judicial apuntan contra el núcleo del ajuste que se pretende consolidar sobre el sistema de seguridad social. Desde la presentación colectiva sostienen que cualquier tipo de modificación vinculada a los derechos sociales del pueblo debe ser analizada de forma obligatoria bajo los principios jurídicos universales establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran suscriptos por la República Argentina.
En esa línea argumental, los firmantes remarcan de forma contundente que dichos instrumentos internacionales de rango constitucional contemplan la prohibición de adoptar medidas regresivas en materia de derechos sociales, previsionales, sanitarios y de seguridad social, salvo la existencia de circunstancias extremadamente excepcionales que se encuentren debidamente justificadas, algo que no ocurre con el actual proyecto de ley.
A través de la medida cautelar, los impulsores del reclamo solicitaron formalmente que el STJ ordene la suspensión provisoria del debate que se lleva adelante en la Legislatura entrerriana respecto de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. La petición de fondo exige que, de forma previa a cualquier avance o votación en los recintos parlamentarios, se convoque a una consulta popular y pública para que la sociedad civil decida sobre sus propios recursos.
La presentación judicial fundamenta esta exigencia en el hecho de que la reforma en danza excede largamente una simple reorganización estatal o una modificación de carácter meramente administrativo. De acuerdo con lo que argumentan los representantes legales y gremiales, el proyecto oficialista introduce transformaciones de fondo y de carácter sustancial en el régimen de derechos previsionales, alterando sensiblemente las condiciones de acceso a la jubilación, elevando los montos de los aportes y modificando aspectos que impactan negativamente sobre la economía de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados en todo el territorio provincial.
Alerta por una masiva ola de juicios y la delegación de facultades
Otro de los andariveles críticos expuestos en el escrito judicial ante el STJ está estrictamente relacionado con el escenario de inestabilidad jurídica y la eventual conflictividad que se derivaría de la sanción definitiva de la norma. Los impulsores del recurso preventivo advirtieron que diversos integrantes y exintegrantes del propio Poder Judicial de la provincia han manifestado públicamente su profunda preocupación ante la certera posibilidad de que, en el corto plazo, "se multipliquen las demandas" vinculadas a la aplicación de la futura legislación.
Entre los cuestionamientos centrales que se enumeran en la demanda institucional aparecen las severas modificaciones proyectadas en torno a la edad jubilatoria y los porcentajes de retención salarial para los aportes económicos. No obstante, uno de los puntos que mayor alarma constitucional enciende es el referido a la delegación de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo provincial. Los demandantes sostienen que se pretenden ceder atribuciones en materias que, por estricto mandato constitucional, corresponden de manera exclusiva al ámbito de decisión y debate de la Legislatura de Entre Ríos, lo que representaría un preocupante avasallamiento de la división de poderes en desmedro de la clase trabajadora.