La sucesión de hechos comenzó el 10 de marzo de 2025, cuando la empresa PTP Warrant Sociedad Anónima procedió a la operación de descarga de cinco mil toneladas de azufre a granel del buque B/M Vezhen (IMO: 9937270), en instalaciones del Puerto Ibicuy. El cargamento, perteneciente a la corporación agroindustrial Bunge S.A., fue movilizado parcialmente en camiones, pero un importante remanente quedó depositado de forma clandestina en el predio. Lejos de actuar como un custodio de los bienes públicos y los recursos naturales, el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, autorizó que el material contaminante quedara acopiado al aire libre hasta el 25 de junio de 2025. Fueron cerca de tres meses de una inacción estatal que expuso este residuo peligroso a la intemperie, los vientos y la extrema cercanía del río Paraná Ibicuy.
Incumplimiento de la normativa y desidia estatal
La permanencia de este remanente inflamable y tóxico sin las medidas de contención adecuadas puso en severo riesgo el ecosistema de la región, el cual se encuentra estrictamente resguardado por el marco normativo del artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 22 de la Constitución de Entre Ríos y la Ley General del Ambiente N° 25.675. Asimismo, la negligencia de las autoridades expuso de forma directa a los trabajadores portuarios, al personal de la firma PTP Warrant S.A. y a los habitantes que se desplazan cotidianamente por las inmediaciones de la terminal.
La responsabilidad institucional recae sobre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y su presidente Matias Regalado, autoridad administradora de la terminal provincial según establece la Ley N° 9.750 de Sistema Portuario de Entre Ríos. El organismo estatal no solo autorizó el desembarco del mineral, sino que tomó pleno conocimiento del acopio irregular en el predio a su cargo sin activar los mecanismos de resguardo correspondientes.
De acuerdo con el plexo legal vigente, la conducción del puerto presenta obligaciones indelegables de responsabilidad ambiental ya que según el Capítulo Cuarto de la Ley N° 9.750, los entes portuarios intervienen en la dirección, administración y explotación de los muelles y son los responsables directos del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, provinciales o municipales por parte de los operadores particulares y de los buques.
Otra de sus obligaciones principales es el control de gestión, ya que el artículo 26 de la misma norma determina que el Presidente del Ente, cargo designado por el Poder Ejecutivo provincial, es el responsable directo del personal, el patrimonio y las actividades que se desarrollan, debiendo propiciar el resguardo de los bienes del Estado.
Intervención de la Secretaría de Ambiente y la Justicia Federal
Ante la gravedad del hecho y las denuncias por la desprotección del recurso hídrico, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos intervino a fin de solicitar informes pormenorizados a la empresa contratista. El brigadista que intervino expuso que el lugar se encontró con una montaña de azufre ubicada apenas sobre un nailon negro, a solo dos kilómetros de la zona urbana. Además, a un costado del área de la empresa había una máquina excavadora haciendo un zanjón enorme para desagotar el agua acumulada sobre el suelo hacia una zona baja natural con vegetación, que generalmente se llena de agua cuando el río crece. En simultáneo, el área ambiental intimó a la firma privada para la remoción inmediata del material acopiado en el suelo portuario.
La situación también derivó en una causa judicial. El Juzgado Federal de Gualeguaychú tomó cartas en el asunto e inició una investigación formal, notificando y solicitando informes detallados a PTP Warrant S.A. sobre las condiciones del almacenamiento y el destino final del cargamento.
A priori, los elementos reunidos en la investigación técnica comprenden la responsabilidad del Presidente del Ente Autárquico, Matías Regalado, tanto en la autorización inicial para la descarga del azufre de Bunge S.A. como en la omisión de controles que permitió el depósito clandestino a cielo abierto durante casi un trimestre, violando los presupuestos mínimos de protección y la soberanía ambiental de la provincia.