La investigación judicial que rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el presunto delito de dádivas sumó un capítulo de extrema gravedad institucional. El juez federal Ariel Lijo ordenó de manera taxativa el establecimiento de una custodia urgente para Vanesa Tossi, la empleada de la firma JAG Executive Aviation que gestionó el polémico vuelo privado a Punta del Este. La decisión se tomó luego de que la testigo denunciara ser víctima de «hostigamiento y presiones» destinadas a torcer su testimonio.
El rol de Marcelo Grandio y las presiones en Tribunales
Mientras Adorni sostiene públicamente que el viaje fue costeado con fondos propios, la prueba testimonial recolectada en sede judicial apunta en dirección contraria. Según declaró Tossi ante Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el empresario Marcelo Grandio —amigo personal de Adorni y proveedor de la TV Pública— fue quien efectuó el pago del servicio.
La situación escaló durante la misma audiencia testimonial: Tossi habría recibido llamados de Grandio en su teléfono celular incluso mientras se encontraba dentro de los Tribunales para declarar. La testigo precisó que Grandio habría solicitado inicialmente que no se emitiera la factura correspondiente por el traslado aéreo, pedido al que la empresa se negó. El magistrado prohibió a Grandio cualquier tipo de contacto —personal, telefónico o digital— con la damnificada, además de establecer una restricción de acercamiento a su domicilio y lugar de trabajo.
Una investigación por coacción y amenazas
Ante la contundencia del relato de Tossi, el fiscal Pollicita impulsó una causa paralela para determinar si los contactos insistentes y el envío de cartas documento intimidatorias configuran los delitos de amenazas y coacciones. En su dictamen, el fiscal subrayó que estas acciones constituyen «indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental».
»Lo pagué yo, no hay nada que ocultar», insiste Adorni ante cada consulta periodística. Sin embargo, la justicia hoy protege a una testigo que afirma lo contrario y que se siente «amedrentada» por el entorno del funcionario.
El impacto político en la gestión nacional
Este escenario coloca al Gobierno Nacional en una situación defensiva. Mientras se pregona una ética de austeridad y se aplican fuertes recortes en áreas sensibles del Estado, la transparencia pública queda cuestionada por el uso de servicios de lujo financiados por empresarios vinculados a la pauta y los contenidos oficiales.
La resolución judicial busca, fundamentalmente, el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y evitar el entorpecimiento de un proceso que investiga si el segundo funcionario en importancia del país recibió favores económicos de un contratista estatal.