En un escenario de asfixia financiera y parálisis de la obra pública, el gobernador Rogelio Frigerio anunció el avance hacia un modelo de privatización vial en la provincia. Tras gestiones ante el Gobierno nacional de Javier Milei, el mandatario provincial confirmó que las rutas nacionales 127 y 163 serán concesionadas a manos privadas, una decisión que se alinea con la política de retiro del Estado Nacional y que abre la puerta al cobro de peajes en corredores estratégicos para la producción entrerriana.
El acuerdo con Nación y las concesiones
El anuncio se produjo luego de reuniones clave en Buenos Aires con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el del Interior, Diego Santilli. Según explicó el propio mandatario, la urgencia de Entre Ríos pasa por destrabar infraestructuras críticas que hoy se encuentran deterioradas o inconclusas debido al recorte de fondos.
“Estuvimos con el ministro del Interior de la Nación (Diego Santilli), el ministro de Economía (Luis Caputo) y el nuevo coordinador de Obras Públicas y Transporte. Fue productiva la reunión y hablamos de temas concretos: la finalización de la Autovía 18, que para nosotros es una obsesión que termine este año; y algunas otras rutas con las que venimos trabajando con el Gobierno nacional para que se pongan en obra y se concesione la 127 –hay unos 40 kms que están en mal estado-, y la 163 también”, expresó Frigerio en el programa Buenas Noches (Elonce).
Un modelo rechazado por el Cómite de Defensa del Usuario Vial
La decisión de avanzar con la concesión de rutas se enmarca en la Red Federal de Concesiones, el esquema impulsado por la gestión libertaria para desentenderse del mantenimiento de las trazas y trasladar la gestión a concesionarios privados. En Entre Ríos, esto impacta de lleno en la Ruta 127, vital para el Mercosur y el norte provincial, que hoy presenta tramos en estado de abandono.
Sin embargo, este esquema de participación privada ha despertado fuertes críticas de organizaciones civiles. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) calificaron la medida como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”, advirtiendo que se trata de un «impuesto encubierto» que castiga al ciudadano.
Las claves del rechazo al sistema de peajes se basan según el CONADUV, en que el usuario ya financia los caminos mediante el impuesto a los combustibles; el peaje se traduce en un doble cobro por un servicio que el Estado debería garantizar.
El aumento de costos logísticos encarece el transporte de pasajeros y de mercancías, afectando la competitividad de las economías regionales en un contexto de caída de actividad. Al transferir rutas nacionales a provincias asfixiadas sin el correspondiente presupuesto, se pone en duda la capacidad real de mantenimiento de la cinta asfáltica.
La falta de vías alternativas gratuitas transforma a los peajes en barreras que fragmentan el territorio. «Con peaje en toda la red y sin opciones gratuitas, la libertad es un eslogan vacío», sentenciaron desde CONADUV.
Federalismo de responsabilidades, no de recursos
Mientras Entre Ríos enfrenta conflictos gremiales por la reforma previsional y crisis en el transporte urbano por la quita de subsidios, la llegada de cabinas de cobro a la Ruta 127 y la Ruta 163 asoma como el único recurso para salvar una infraestructura que el Estado nacional ha decidido dejar de sostener.
La propuesta de los sectores críticos apunta a recuperar los fondos específicos de los combustibles para fortalecer a la Dirección Nacional de Vialidad y apostar por un sistema multimodal que integre los puertos y ferrocarriles de la provincia, en lugar de profundizar un modelo de recaudación directa que termina por golpear el bolsillo del trabajador y el productor local.