El gobierno de Milei rompió la tradición histórica del país como defensor de los derechos humanos y se opuso a una resolución que condena la tortura en «todo momento y lugar». Lo hizo como parte del alineamiento automático con la posición de Israel y Estados Unidos, los únicos países que votaron en contra. El ex embajador Roberto Carlés advirtió que «las grandes potencias no respetan a los arrastrados».
La República Argentina ha protagonizado un hecho de profunda vergüenza nacional al votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU para prevenir y erradicar la tortura. En un claro acto de seguidismo diplomático, el voto de Javier Milei colocó al país en un grupo minoritario y aislado, junto a Estados Unidos e Israel, rompiendo con el consenso internacional que solía aprobar este tipo de condenas de forma unánime. Otros cuatro Estados se abstuvieron: Rusia, Nicaragua, Burundi y Papua Nueva Guinea.
La votación se produjo tan solo una semana después de que funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaran en Ginebra para atacar a organismos de derechos humanos y abogar por una «memoria completa» de la última dictadura.
El contenido de la traición y el quiebre histórico
La gravedad del voto radica en el contenido de la resolución, que la delegación argentina se negó a respaldar:
-
“Condena todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también cuando se realizan mediante intimidación, que están y seguirán estando prohibidos en todo momento y lugar y que, por lo tanto, no pueden justificarse nunca, y exhorta a todos los Estados a que apliquen plenamente la prohibición absoluta e irrevocable de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;”
-
“Condena también toda acción o intento de los Estados o los funcionarios públicos que tenga por objeto legalizar, instigar, autorizar, consentir o aceptar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cualquier circunstancia, incluso por razones de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo o mediante decisiones judiciales, e insta a los Estados a que en todos los casos aseguren la rendición de cuentas de los responsables de tales actos;”
«Las grandes potencias no respetan a los arrastrados»
El ex embajador en Italia, Roberto Carlés, analizó el costo político de este alineamiento. En una crítica directa a la Cancillería, Carlés afirmó que el voto es profundamente contraproducente para la soberanía nacional: “Por primera vez en años, la resolución trienal de la ONU contra la tortura (históricamente aprobada por consenso) debió someterse a votación. Estados Unidos, Israel y Argentina votaron en contra. Además de ser triste para un país con nuestra historia, este seguidismo diplomático es contraproducente: las grandes potencias no respetan a los arrastrados”.