Bolivia atraviesa horas críticas marcadas por una profunda tensión social que mantiene a miles de personas movilizadas en las calles y rutas de todo el país. La Paz, capital gubernamental, se encuentra actualmente cercada por bloqueos que impiden los accesos, en el marco de un reclamo unificado que exige la inmediata renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo el pasado noviembre.
Sindicatos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y sectores campesinos llevan dos semanas de protestas consecutivas tras denunciar que la gestión actual representa una absoluta traición a los compromisos electorales asumidos con las mayorías populares.
Tres claves para entender el estallido social en Bolivia
En diálogo con Radio 750, el periodista boliviano Jaime Iturri analizó los factores determinantes que llevaron a la insurrección pacífica de los sectores más vulnerables y de los trabajadores. Según el especialista, la escalada del conflicto responde a un modelo económico que asfixia a la población y beneficia de manera directa a los sectores concentrados de poder.
-
La inflación y la pérdida del poder adquisitivo: El impacto directo en el bolsillo de las familias trabajadoras ha sido devastador en los últimos meses. Con respecto a este fenómeno, Iturri detalló: “Ahora, frente a lo que ganabas dos años atrás, tienes un 30 por ciento menos de posibilidades de comprar cosas”.
-
La crisis de los combustibles y el daño al patrimonio familiar: El descontento se profundizó debido a la distribución de carburantes adulterados, un problema que afectó el transporte y la economía de miles de hogares de trabajadores independientes. “Por otro lado, lo de la gasolina basura, comparada con exceso de magnesio que terminó arruinando 200 mil vehículos. Algunos autos han entrado cuatro veces al taller, porque la goma produce carbonilla y destruye el motor. Cada dueño gastó entre mil y dos mil dólares en reparaciones”, explicó el periodista.
-
Promesas incumplidas y giro hacia el neoliberalismo: El núcleo del reclamo radica en el abandono del programa de gobierno que había prometido proteger los recursos estratégicos y los derechos de los sectores históricamente postergados. “Por Paz Pereira vota la gente del MAS, de izquierda, los más pobres y hace lo que dijo que no iba a hacer. Dijo que no iba a privatizar, que no iba a prestar plata. Y lo primero que hizo fue eliminar el impuesto a la riqueza, y sacó una ley donde dice que la tierra puede estar ociosa por diez años”, sentenció Iturri.
Un modelo de ajuste que profundiza la desigualdad
La raíz del conflicto social se originó semanas atrás con la promulgación de la ley 1.720, una reforma agraria de corte privatizador que despertó las alarmas de organizaciones ambientalistas y de los pueblos originarios. Los críticos denunciaron que la normativa abría las puertas a la mercantilización de los bienes naturales comunes, vulnerando directamente la soberanía territorial y habilitando el despojo de tierras comunitarias. Aunque la presión popular obligó al Ejecutivo a abrogar la ley en un intento por pacificar las rutas, la indignación colectiva no cesó y decantó en el pedido generalizado de renuncia presidencial.
Para los sectores movilizados, las medidas adoptadas por Paz Pereira demuestran que el gobierno ha optado por favorecer a los sectores de mayores ingresos, congelando salarios y desoyendo las urgencias populares. El periodista Jaime Iturri describió este quiebre en las expectativas de la sociedad civil: “La gente se siente traicionada. La gente no creía que era un Gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro. Pero terminó siendo como cualquier Gobierno afiliado a Trump”.
“Si el Gobierno le hace caso al FMI, tiene que privatizar la economía y hacer un ajuste tipo Milei, y esto la gente no se lo va a permitir. Tiene que elegir”, advirtió el cronista desde el centro del conflicto.
La respuesta de la gestión gubernamental ante el descontento ha sido la utilización de la fuerza pública para intentar reprimir los bloqueos de rutas, una estrategia que demostró ser ineficaz frente a la magnitud de la resistencia comunitaria. El sábado pasado, el Gobierno desplegó a 5 mil uniformados, logrando habilitar el tránsito terrestre apenas unos minutos para permitir el paso de 33 camiones, 30 cisternas y tres vehículos con oxígeno, antes de que las vías fueran nuevamente cerradas por los manifestantes.
Finalmente, lejos de buscar una salida negociada que atienda las demandas de la calle, la administración central optó por expandir la presión impositiva sobre los pequeños comerciantes. “La mayor parte del pueblo está en contra. Y este Gobierno tiene una acción ingenua. Anuncia que aumenta el impuesto a los gremiales, que son como los monotributistas. Y les van a cobrar el 5 por ciento. Y eso hace que 400 mil gremiales más se sumen al conflicto. Es diálogo, pero sólo con los sectores más conservadores. No solucionan lo que está en la calle”, concluyó Iturri, delineando un panorama donde el ajuste fiscal y la falta de respuestas democráticas amenazan con profundizar la crisis institucional en el país andino.