La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos se encuentran en estado de alerta máxima tras confirmarse la detención de una delegación humanitaria en el este de Libia. Entre los activistas retenidos se encuentran los ciudadanos argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, quienes forman parte de la misión internacional Global Sumud Maghreb. La caravana civil, que transporta asistencia básica, tenía como destino final la Franja de Gaza para asistir a la población civil afectada por la crisis humanitaria y el genocidio en la región.
Misión de salud interceptada por fuerzas militares
Paula Giménez y Lucas Aguilera se desempeñan como directores de investigación en el medio de comunicación NODAL e integran esta comitiva internacional dentro del equipo de salud y acompañamiento técnico. El incidente ocurrió este domingo cuando una delegación del convoy se acercó a un puesto de control militar en la ciudad de Sirte con el objetivo de negociar el libre tránsito de la caravana con las autoridades que responden al mariscal Jalifa Haftar, quien controla la zona oriental de Libia.
A partir de ese instante, se interrumpió por completo la comunicación con los activistas. Los coordinadores de la organización denunciaron la falta de información oficial sobre la situación actual y el paradero de los profesionales. La misión civil había iniciado su recorrido terrestre el pasado 8 de mayo en Argelia, logrando atravesar Túnez y el sector oeste de Libia antes de ser interceptada por las fuerzas armadas de Bengasi.
Hostigamiento sistemático a la ayuda humanitaria internacional
A través de las redes sociales oficiales de la organización, los integrantes de la caravana atribuyeron la desaparición de sus compañeros a una detención arbitraria por parte de las autoridades militares libias. Además de los dos profesionales argentinos, el grupo retenido incluye a activistas y personal de salud originarios de, España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay, Túnez.
Este grave episodio no representa un hecho aislado en el actual contexto de la geopolítica internacional. La retención de la delegación en tierra ocurre a pocos días de que la Flotilla Global Sumud fuera interceptada por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales del mar Mediterráneo, en momentos en que intentaba romper el bloqueo marítimo para entregar insumos de primera necesidad en Gaza.
Aquel operativo naval previo despertó un profundo repudio global tras la difusión de registros audiovisuales que evidenciaron el maltrato, el hostigamiento y los tratos degradantes ejercidos de manera directa por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, contra los voluntarios civiles. El secuestro de la flotilla humanitaria estuvo signado por denuncias de agresiones físicas y detenciones ilegales, configurando un escenario de persecución sistemática hacia el activismo que busca garantizar la supervivencia de las víctimas del conflicto.
Activistas argentinos denunciaron torturas del ejército israelí y abandono del Gobierno nacional
Un grupo de activistas y profesionales de la salud pertenecientes a la organización Global Sumud Argentina regresó al país tras ser interceptado por las fuerzas militares de Israel en aguas internacionales del mar Mediterráneo. En una concurrida conferencia de prensa, los integrantes de la misión humanitaria internacional, que intentaba romper el bloqueo para llevar asistencia médica a la Franja de Gaza, relataron las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que sufrieron durante su detención. Asimismo, apuntaron contra la complicidad geopolítica y el absoluto abandono diplomático por parte del gobierno de Javier Milei.
Golpes, picanas y torturas en alta mar
La comitiva civil, compuesta por 13 integrantes de la delegación argentina, sufrió una persecución dividida en dos etapas operativas. En una primera instancia, Cele Fierro, Raúl Laguna Bosch, Cristina "Titi" Agüero, Ezequiel Peressini, Pablo Giachello y Mónica Schlotthauer fueron secuestrados por las fuerzas navales israelíes cerca de las costas de Grecia y retenidos durante 48 horas en un "barco-cárcel" antes de ser liberados en territorio heleno. El resto de la delegación —Lautaro Rivara, Victoria Pi de la Serra, Ramiro Giganti, Male Lavenás, Iara Salerno y Nico Cortez— continuó navegando hacia el territorio palestino ocupado hasta ser interceptado violentamente y trasladado a una prisión de máxima seguridad en Israel.
Durante la presentación ante los medios de comunicación, los activistas exhibieron las secuelas físicas del violento abordaje militar y describieron un panorama de crueldad extrema.
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Ramiro Giganti, periodista de ANRed, mostró su espalda cubierta de moretones y relató la violencia en los buques militares: “Estuvimos toda la tarde escuchando cómo golpeaban a compañeros, escuchamos como picaneaban con pistolas teaser y vimos a muchos compañeros con quemaduras incluso en la cara. Además, nos mantuvieron por horas de rodillas al rayo del sol”.
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Male Lavenás, activista autoconvocada, denunció el trato degradante y la violencia psicológica sufrida en los centros de detención: “Nos desvestían, nos seguían apuntando con las armas y, en mi caso particular, me dieron la ropa de talle de niños, dejando en evidencia nuevamente que ese régimen detiene y tortura a niños y niñas”.
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Lautaro Rivara, coordinador general de la delegación, recordó que las acciones de asistencia civil están estrictamente resguardadas por el derecho internacional y enfatizó: “Lo que pasa en Gaza, no es un problema humanitario. Es un problema político, derivado de una política colonial”.
Diplomacia empresarial y desprotección de ciudadanos argentinos
La abogada y coordinadora de la misión, Victoria Pi de la Serra, denunció la sintonía explícita que mantiene la Casa Rosada con la administración de Benjamin Netanyahu. Mientras los ciudadanos argentinos se encontraban incomunicados y siendo sometidos a vejámenes en el extranjero, el Poder Ejecutivo nacional avanzaba en acuerdos comerciales que consolidan un alineamiento ideológico polémico.
Según detalló la letrada, el gobierno firmó convenios con el Estado de Israel para habilitar rutas aéreas comerciales desde Buenos Aires hacia Tel Aviv. El dato político más llamativo es que el vuelo inaugural está programado para el próximo 29 de noviembre, fecha que coincide de manera exacta con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Por su parte, Nicolas Cortez compartió los detalles de la logística médica que llevaba adelante la flotilla bajo la denominación de "Doctors to Gaza", una iniciativa civil destinada a paliar el colapso del sistema sanitario en el enclave palestino mediante el trabajo de profesionales voluntarios.
Amplio respaldo de organizaciones sindicales y sociales
La jornada de denuncia contó con el acompañamiento de un vasto arco de organizaciones de derechos humanos, centrales obreras y colectivos culturales del país. Estuvieron presentes los diputados nacionales Nicolás del Caño y Vanina Biasi, junto a referentes políticos como Alejandrina Barry, Andrea D’atri y las adhesiones de Myriam Bregman, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y Gabriel Solano, entre otros.
El acompañamiento social incluyó la participación del Padre Paco, en representación de Curas en Opción por los Pobres, delegaciones de las dos vertientes de la CTA (De los Trabajadores y Autónoma), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Ademys y la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVIA). El cierre de la actividad estuvo a cargo de Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Palestinas Argentinas, y del activista gazatí Abdallah Mamdouh Tibi, quienes instaron a redoblar los esfuerzos internacionales en defensa de las vidas civiles y la autodeterminación de los pueblos frente a las agresiones militares.