Mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de ajuste y sacrificio colectivo, y la provincia de Entre Ríos enfrenta las consecuencias de la quita de fondos federales, la realidad salarial en los despachos de la Casa Rosada parece transitar por una senda diferente. En junio, más de 1.000 funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional percibirán haberes con un incremento acumulado del 123,8% en lo que va del año, alcanzando cifras que llegan a los $8.019.838 brutos. La realidad contrasta con la del resto de los trabajadores, y en especial los empleados públicos nacionales (docentes, policías, personal militar, agentes de la administración) que perdieron 37% de su poder adquisitivo en dos años.
Esta medida surge del descongelamiento de salarios para la planta política jerárquica, autorizada mediante el decreto 931/2025 firmado a principios de año. La normativa beneficia a una extensa nómina que incluye al jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, además de autoridades superiores de empresas públicas y entes autárquicos. El contraste es total: mientras el presidente Javier Milei afirmó recientemente que «a quien peor le fue en esta economía en términos reales es a mí», sus principales cuadros políticos recibirán en junio sueldos que superan ampliamente la canasta básica y la realidad de cualquier trabajador entrerriano.
El escalafón de los aumentos: de ministros a subsecretarios
El esquema de actualización dispuesto por el Ejecutivo permitió aplicar de forma acumulativa los aumentos de las paritarias de los empleados públicos, sumado a los porcentajes pendientes de los años 2024 y 2025. Según los registros de las planillas salariales, la evolución de los ingresos se dio de la siguiente manera:
-
Ministros y Secretarios con rango ministerial: Percibían $3.584.006 en diciembre y, tras el reajuste, cobrarán $8.019.338 en los primeros días de junio. Entre los beneficiados figuran Karina Milei (Secretaría General), Manuel Adorni (Jefatura de Gabinete) y los titulares de las carteras nacionales.
-
Secretarios de Estado: Sus remuneraciones pasaron de $3.282.709 en diciembre a un ingreso proyectado de $7.345.634 para el mes de mayo, a acreditarse en junio.
-
Subsecretarios: Este escalafón, que contaba con sueldos de $2.981.513 a fines del año pasado, alcanzará los $6.761.656 tras el último ajuste del 1,5% correspondiente a mayo.
Desde el entorno oficial justifican este «sinceramiento» bajo el argumento de la pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de evitar la fuga de funcionarios hacia el sector privado. Sin embargo, los datos del INDEC arrojan que la inflación acumulada en el periodo de referencia fue del 144%, mientras que los aumentos otorgados a la planta política buscan corregir valores que, según alegan en los despachos oficiales, quedaron «40 puntos abajo de la inflación».
Una política salarial de «idas y vueltas»
El camino hacia estos sueldos de privilegio no estuvo exento de polémicas. Cabe recordar que el propio Ejecutivo debió dar marcha atrás con un decreto previo en 2024 que autorizaba subas del 48%, tras el fuerte rechazo social. En aquel entonces, figuras como el exministro Guillermo Francos llegaron a declarar que «el sueldo de ministro, en mi caso personal, no me alcanza para vivir».
No obstante, la presión generada por las actualizaciones en las dietas de legisladores y senadores —que ya alcanzan los $11 millones brutos— terminó por precipitar este nuevo esquema para los funcionarios nacionales. La medida se implementó a través de decretos firmados por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli, estableciendo que la continuidad de estos incrementos quedará sujeta al mantenimiento del equilibrio fiscal.
Mientras tanto, en el interior del país, el impacto de este gasto público en la alta política se percibe como una contradicción frente al ajuste brutal que recae sobre jubilados, docentes y el financiamiento de las provincias. El contraste entre los discursos de austeridad y las planillas salariales de la Capital Federal vuelve a poner en debate la distribución de los recursos y las prioridades de un modelo que, en los papeles, prometía castigar a «la casta» y no a quienes producen.