El Arzobispado de Paraná y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) afrontan un escenario judicial crítico tras el fracaso de las instancias de mediación con las víctimas del sacerdote José María López. Luego de que el proceso de arbitraje liderado por el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari no llegara a un acuerdo, los denunciantes formalizaron una demanda civil que asciende a los $900 millones en total.
La acción judicial fue impulsada por Diego, Marcelo y Pablo, quienes fueron víctimas de abusos sexuales mientras López se desempeñaba como párroco. Los expedientes, radicados en los juzgados civiles N° 1, N° 2 y N° 5 de Paraná, no solo apuntan contra las cúpulas eclesiásticas, sino también contra el propio sacerdote y las parroquias San José Obrero (Paraná) y San Miguel (Bovril), lugares donde ocurrieron las agresiones.
Condena penal y antecedentes del caso
El camino hacia la demanda civil se pavimentó tras la resolución de la causa penal a finales de 2023. En aquel entonces, José María López reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado y fue condenado a 8 años y 5 meses de prisión por el delito de «Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado y reiterado». Actualmente, el exreligioso —quien ya perdió su estado clerical— cumple su pena en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
La investigación judicial, encabezada por el fiscal Leandro Dato, determinó que el cura utilizaba la casa parroquial y viajes de campamento (a destinos como Bariloche y Puerto Madryn) para perpetrar los ataques. El fallo condenatorio del juez Rafael Cotorruelo destacó que López se aprovechó de su «posición de preeminencia» y de su rol de autoridad para vulnerar a las víctimas, quienes lo veían como una figura encargada de su formación y cuidado.
Los ejes de la demanda de 900 millones de pesos
Con el cierre formal de la mediación el pasado viernes 6 de febrero, las víctimas exigen una indemnización de $300 millones para cada una en concepto de daños y perjuicios. La demanda sostiene la responsabilidad civil de la Iglesia como institución, argumentando que los delitos fueron posibles gracias a la estructura y el aval que el cargo sacerdotal le otorgaba al agresor.
La estrategia legal de los denunciantes busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica en la reparación de daños por delitos cometidos por sus miembros. Mientras el proceso civil avanza, la curia de Paraná deberá responder por la falta de protección hacia los menores que en aquel entonces integraban sus comunidades parroquiales en Paraná y el interior provincial.