Durante esta mañana se registraron momentos de alta tensión en Plaza de Mayo cuando efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) intervinieron para evitar que manifestantes del Foro por la Discapacidad instalaran un gazebo y realizaran un acampe frente a la Casa Rosada. El operativo de seguridad retiró las estructuras por la fuerza, generando forcejeos con los prestadores y familias que reclaman por deudas millonarias del Estado Nacional.
La protesta se da en el marco de un cese de actividades nacional de 48 horas, una profundización del plan de lucha que comenzó el pasado viernes 13. El sector denuncia una mora crítica en los pagos de organismos como PAMI y el programa Incluir Salud, con retrasos de varios meses que impiden el normal funcionamiento de los servicios básicos para personas con discapacidad.
Servicios afectados y alcance de la medida de fuerza
El paro nacional paraliza instituciones fundamentales en todo el territorio argentino, afectando directamente la rutina de miles de beneficiarios y sus familias. Según el comunicado del Foro, los servicios que se verán interrumpidos durante la jornada incluyen:
- Educación y Terapia: Escuelas especiales, centros de día y centros educativos terapéuticos (CET).
- Logística y Transporte: Transportistas especializados que trasladan a los alumnos y pacientes a sus centros de atención.
- Salud para Pensionados: Prestadores que brindan servicios a beneficiarios de pensiones no contributivas dependientes del Ministerio de Salud.
Un sistema al borde del cierre definitivo
Desde el Foro Permanente advirtieron que la falta de respuestas del Gobierno pone en riesgo la continuidad de los servicios y vulnera los derechos constitucionales de las personas con discapacidad. La inflación y el aumento de los costos operativos, sumados a la falta de cobro, han dejado a muchas instituciones en una situación financiera insostenible.
»Admitimos que, de no regularizarse los pagos, muchas instituciones se verán obligadas al cierre definitivo por la imposibilidad de afrontar salarios y gastos básicos», señalaron desde la organización. La comunidad de prestadores exige una audiencia urgente con las autoridades nacionales para establecer un cronograma de pagos que garantice el financiamiento del sistema y evite el colapso de la atención primaria.