Un decreto que expone la fragilidad provincial
A través del Decreto 922, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Hacienda formalizó el giro millonario. El argumento oficial de la Casa Rosada no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la situación financiera: Entre Ríos está «impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas».
Este mecanismo, que consiste en adelantos de la coparticipación federal, había sido virtualmente eliminado por la gestión de La Libertad Avanza como método de disciplinamiento hacia los mandatarios provinciales. Sin embargo, para los aliados estratégicos como Rogelio Frigerio, las reglas parecen tener matices. Cabe destacar que estos fondos no son un regalo: la provincia deberá devolverlos con intereses durante el ejercicio fiscal 2026.
Entre Ríos en el podio de las transferencias discrecionales
El vínculo entre Frigerio y Milei se ha consolidado como una pieza clave para la gobernabilidad nacional, a menudo a costa de la autonomía entrerriana. En diciembre, el Presidente liberó el reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), donde nuestra provincia fue beneficiada con 7.000 millones de pesos.
Con estas maniobras, Entre Ríos cerró el 2025 como la segunda provincia con mayor recepción de ATN, alcanzando los 19.000 millones, una cifra que solo igualan Salta y Misiones. Este flujo de fondos coincide con gestos políticos de alto impacto, como el reciente pase del diputado Francisco Morchio para consolidar la primera minoría de La Libertad Avanza en el Congreso.
El límite de la alianza: El conflicto por el financiamiento
A pesar de la cercanía, la sintonía no es total. El ajuste feroz sobre sectores sensibles generó cortocircuitos en la tropa entrerriana. Durante la votación en particular del Presupuesto 2026, el diputado Darío Schneider (alineado con Frigerio) marcó una postura diferenciada.
Schneider se abstuvo en la votación del Capítulo XI, el cual pretendía derogar las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. Este gesto pone de manifiesto que, aunque el anticipo financiero brinde un respiro a las cuentas públicas, el costo social del modelo de ajuste sigue siendo un terreno de disputa que el federalismo no puede ignorar.