El diputado nacional por el peronismo entrerriano, Guillermo Michel, junto a otros legisladores del espacio, impulsan una iniciativa que busca suspender de forma temporal el monto del impuesto fijado para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Al respecto, el legislador fue categórico al señalar las prioridades de la gestión actual: “Si hay plata para bajar el impuesto a los autos de lujo o a las cuentas en el exterior, también hay para bajar el impuesto a los combustibles”, expresó Michel e indicó que “con esta propuesta apuntamos a compensar la suba desproporcionada del precio de la nafta de los últimos días”.
Impacto en el precio del surtidor y reducción de costos
La medida pretende un alivio directo en el valor por litro de combustible que pagan los consumidores finales. Según las estimaciones vertidas en el proyecto, «esta medida implicaría una reducción aproximada promedio de $ 350 por litro, lo que equivale a retrotraer el valor del litro de nafta a los valores previos al conflicto bélico”, afirmó el diputado nacional. Esta propuesta de reducción tributaria busca mitigar la presión inflacionaria que genera el costo de la energía en el transporte y la logística.
En los fundamentos técnicos de la normativa, se advierte que la incidencia de los gravámenes ha crecido sustancialmente en el corto plazo. Se señala específicamente que “el peso de los impuestos sobre el precio de la nafta ha experimentado cambios significativos en el último mes, principalmente debido a la volatilidad en el valor del barril. Desde 2024 en adelante el gobierno nacional ha realizado ajustes mensuales en el valor de los tributos fijos sobre los combustibles: (i) el Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $345, equivalente al 15,83% del valor final, y; (ii) el Impuesto a las Emisiones de CO₂, que implica $21 o el 0,97% del precio total. Esto adicionada el efecto del Impuesto al Valor Agregado y el resto de impuestos provinciales y municipales”.
Irregularidades en la coparticipación y fondos específicos
El proyecto también pone el foco en el destino de lo recaudado y la falta de distribución hacia las provincias. Según el texto presentado, “de la normativa actual surge que la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos se debería distribuir por ley: 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. En la actualidad el gobierno nacional no cumple con la ley y no distribuye lo recaudado por estos impuestos con los fondos específicos asignados dado que algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el Gobierno”.
La propuesta destaca una brecha alarmante en la evolución de los tributos energéticos respecto al resto de la economía. “Para poner en contexto este impuesto, del análisis de la recaudación nacional de marzo de 2026 surge un aumento nominal del 31,8%, pero un solo impuesto subió muy por sobre ese porcentaje: el Impuesto a la Transferencia de Combustibles que subió 78,8% (por la suba de la alícuota). Esto perjudica de manera sustancial al interior del país, donde el precio del combustible es superior al del AMBA”.
El conflicto en Medio Oriente y el mercado energético global
Finalmente, la fundamentación también hace mención la situación local con la crisis energética internacional derivada de las tensiones geopolíticas. En el texto se hace referencia a que “el conflicto bélico actual con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz ha transformado el escenario en Medio Oriente desde el 28 de febrero. La interrupción de este corredor, por donde transita el 20% del crudo global, ha provocado una alteración notable en el mercado energético, elevando los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, y afectando las cadenas de suministro a escala mundial”. Bajo este escenario, se propone suspender de manera temporal, hasta el 30 de junio del corriente año, el valor del impuesto para lograr una reducción de $ 350 por litro en el surtidor.