Mientras el país se preparaba para el brindis de fin de año, el Gobierno Nacional asestó un golpe a los consensos democráticos básicos. A través del DNU 941/2025, el presidente Javier Milei ejecutó una reforma estructural del sistema de inteligencia que otorga a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) un poder y una opacidad sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1983.
La creación de una «policía secreta» con aval oficial
La medida, firmada entre gallos y medianoche tras el cierre de las sesiones extraordinarias, transforma la naturaleza del espionaje en Argentina. El cambio más alarmante radica en las facultades operativas de los agentes: a partir de ahora, el personal de inteligencia estará facultado para aprehender personas, una función policial que tenían estrictamente vedada por la Ley 25.520.
“Es la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”, denunció Leopoldo Moreau, ex presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización. En la misma línea, el diputado Agustín Rossi calificó la reforma como “muy grave”, señalando que el nuevo esquema permite detenciones sin orden judicial y el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia interior bajo el requerimiento del «Señor Cinco».
Opacidad total y persecución al periodismo
El decreto establece que todas las actividades de inteligencia nacional revestirán un “carácter encubierto», un término que analistas y organismos de derechos humanos consideran incluso más peligroso que el tradicional rótulo de «secreto».
Además, la reforma habilita tareas de inteligencia ante la “fuga de información clasificada”. Para diversos sectores de la oposición, esta es una herramienta diseñada específicamente para perseguir al periodismo y amordazar a quienes revelen documentos sensibles, como el recientemente filtrado Plan de Inteligencia Nacional (PIN).
Los ministerios, organismos y entes descentralizados pasan a ser sujetos activos de contrainteligencia. La SIDE podrá exigir, además, información a todas las agencias del Estado.
Desguace del control civil y militarización
El DNU también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), lo que vacía de poder al Ministerio de Defensa como estructura de control civil. Ahora, la inteligencia queda en manos directas de los militares, rompiendo la fractura entre defensa nacional y seguridad interior que se edificó tras la última dictadura cívico-militar.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su directora Paula Litvachky calificó la reforma como “muy regresiva y peligrosa”. Litvachky advirtió que el Gobierno está reformando leyes orgánicas de seguridad e inteligencia sistemáticamente por decreto, evitando el debate en el Congreso y eludiendo el control del Poder Judicial.
Rechazo unánime del arco político
La reacción legislativa no se hizo esperar. El diputado socialista Esteban Paulón anunció que presentará un proyecto para derogar el DNU, mientras que desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro comparó el nuevo diseño con una “Gestapo para todos y todas”. Por su parte, el FIT denunció que la medida representa un “salto en el espionaje a opositores políticos” y la legalización de un estado policial.