La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un elemento que profundiza los cuestionamientos sobre el origen y el destino de sus fondos. La fiscalía detectó que el funcionario adquirió ropa blanca de categoría premium por un monto superior a los 8 millones de pesos, una cifra que contrasta fuertemente con la situación de vulnerabilidad económica y las políticas de ajuste que impactan en el tejido social del interior del país.
El hallazgo se produjo tras una pericia efectuada sobre el teléfono celular del contratista Matías Tabar, en el marco de las pesquisas que lleva adelante la Justicia Federal.
Facturas bajo sospecha y nexos en la función pública
De acuerdo a la información revelada por el periodista Sergio Farella, el actual jefe de Gabinete facturó a nombre de una persona de su extrema confianza la suma exacta de 8.183.303 pesos en concepto de ropa blanca. La transacción se realizó en el local Rosen The Store.
Rosen es una firma de origen chileno dedicada a la comercialización de sábanas destinadas a las suites presidenciales de hoteles de lujo en todo el continente, con líneas que abarcan desde los 200 hilos hasta opciones premium de 400 y 600 hilos de algodón egipcio o satén. La facturación de dicha compra masiva de bienes suntuarios quedó registrada a nombre de Gisela Kocsis, quien se desempeña en la cartera de Medios y Comunicación, un área bajo la órbita de designación del propio funcionario investigado.
Este dato se acopla a otros elementos que forman parte de la causa, como las recientes denuncias sobre su entorno familiar, donde se señaló que la mujer de Adorni recibió 55 millones de pesos de una empresa que compite por la concesión de Tecnópolis.
La mira judicial sobre la supuesta fortuna cripto
Frente a la inconsistencia entre los ingresos declarados y el nivel de consumo suntuario detectado, el fiscal federal Gerardo Pollicita —quien instruye la causa penal por enriquecimiento ilícito— decidió profundizar las medidas de prueba para reconstruir el patrimonio total del funcionario.
En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó un requerimiento formal de información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El objetivo es obtener un informe detallado con el listado de todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios financieros que hayan operado regulados en el país desde el año 2012.
La fiscalía busca verificar la trazabilidad y la veracidad del origen de los fondos de Adorni, quien argumentó haber incursionado tempranamente en la compra de activos digitales. Según lo adelantado por Infobae, la justicia requiere determinar qué entidades operaban específicamente en el mercado local durante aquellos años, período en el cual el actual jefe de Gabinete afirmó haber realizado una inversión inicial de 200.000 dólares en Bitcoin. La causa avanza en los tribunales federales mientras crecen las demandas de transparencia institucional desde las provincias.