La crisis de cobertura en el PAMI sumó un capítulo alarmante que afecta de manera directa a la salud de los jubilados y pensionados de todo el país, con una fuerte repercusión en el interior federal. Las prestaciones odontológicas permanecen suspendidas desde el lunes y la medida se extenderá hasta el miércoles a raíz de un paro total de actividades impulsado por los profesionales del sector. La medida de fuerza responde a la falta de respuestas oficiales ante deudas acumuladas y retribuciones de miseria que tornan insostenible la continuidad del servicio.
En un durísimo comunicado, la Asociación de Profesionales Appamia apuntó de manera directa contra la conducción central del organismo, responsabilizándolo por las consecuencias de las políticas de ajuste sobre los sectores más vulnerables de la sociedad:
"Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado".
Valores irrisorios e interrupción de la cadena de pagos
La parálisis del servicio expone el profundo desfinanciamiento que sufren los prestadores del instituto a cargo de Esteban Leguizamo. Según detallaron los trabajadores de la salud, la obra social interrumpió desde el mes de febrero la cadena de pagos correspondiente a las retribuciones por capitación. A este escenario se añaden severas demoras en el reintegro de los montos por prótesis dentales brindadas a los afiliados, sumas que debieron ser adelantadas con recursos propios por los odontólogos desde diciembre de 2025.
El desfasaje económico ha pulverizado la rentabilidad de los consultorios. En declaraciones radiales, Fernanda Scoccia, secretaria de Appamia, brindó precisiones sobre la insostenible realidad que atraviesa el sector médico:
"Los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención".
Frente a la persistencia del conflicto y la licuación de los aranceles, los profesionales advirtieron que la huelga es la consecuencia directa del "agotamiento y falta de respuesta coherente y viable" por parte de las autoridades de la obra social estatal.
El vaciamiento prestacional se traslada a los tribunales
La degradación del sistema de salud previsional ya no solo genera una avalancha de demandas y amparos judiciales por parte de los jubilados que ven vulnerado su derecho a la salud, sino que ahora empuja a los propios sanatorios y clínicas a la vía legal para evitar el cierre definitivo de sus instalaciones.
Los efectores de salud denuncian que los convenios vigentes con la obra social nacional están asfixiando sus estructuras de costos. Un claro reflejo de esta situación límite es la presentación realizada por la clínica Cemeda de Olavarría —establecimiento que atiende a 2.118 afiliados—, la cual interpuso un recurso de amparo para exigir que se designe un nuevo prestador que asuma su cápita, tras haber advertido formalmente por carta a las autoridades del organismo en febrero último sobre el impacto de la crisis.
En la demanda judicial presentada por la institución de salud se destaca la total desconexión entre los fondos girados por el Estado y el costo real de la medicina médica en un contexto de alta inflación: "Las condiciones económicas del contrato jamás resultaron favorables para Cemeda, que debió continuar la prestación de los servicios bajo un valor de cápita absolutamente depreciado". El valor de la cápita "en modo alguno acompañó el proceso inflacionario generalizado", lo que comprometió "seriamente la vialidad económica de la clínica".
A su vez, "los montos que el instituto abona por la cápita asignada y por las prestaciones moduladas resultan insuficientes para cubrir los honorarios de los médicos especialistas, quienes se niegan sistemáticamente a prestar servicios a los valores vigentes".
La persistencia de este modelo de gestión de los recursos públicos amenaza con destruir la infraestructura sanitaria de las provincias y debilitar las fuentes de empleo locales. En el escrito judicial, los administradores de la clínica alertaron con crudeza que la continuidad forzada del contrato con la obra social de los jubilados "podría conducir al quebranto de la institución y a la consecuente pérdida de puestos de trabajo de casi un centenar de empleados directos".