El entramado de soberanía científica, tecnológica y de defensa nacional sufrió un revés sistémico en el Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados otorgó este miércoles media sanción al proyecto de la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. Si bien el oficialismo argumenta que el propósito es eliminar normas perimidas, los sectores opositores encendieron alarmas urgentes al advertir que el texto barre con la protección de distintos sectores de la industria argentina y entrega activos estratégicos al capital transnacional.
La iniciativa cosechó 138 votos a favor, logrando imponerse en el recinto a partir de una confluencia legislativa. El presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió el proyecto a votación a las 14:29 y consolidó el apoyo de la bancada libertaria junto al PRO, la UCR, el MID y el interbloque de Provincias Unidas, sumando además los votos de los legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Rovira (Misiones). En contraposición, el rechazo unificado del peronismo y los cuatro diputados del FIT, junto a otras voluntades aliadas, alcanzó apenas 96 votos, quedando 42 sufragios por debajo del oficialismo en un escenario donde se registró una mayoría de abstenciones.
El desguace de las regulaciones y la falacia de la "inflación legislativa"
El articulado aprobado avanza sobre un conjunto de leyes y normativas vigentes que resguardaban áreas sensibles de la economía y la producción pública frente a las fluctuaciones del mercado global. Desde los bloques que se opusieron a la medida señalaron que detrás de la fachada de la simplificación administrativa se esconde el intento de reactivar la enajenación de empresas que Javier Milei pretendía privatizar con la primera versión de la ley Ómnibus, entre las cuales se contaban Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y ARSAT.
Durante las exposiciones, los diputados que defendieron la desregulación total recurrieron a ejes conceptuales alineados con la lógica del ordenamiento fiscal y el achicamiento del Estado. El legislador fueguino Santiago Pauli sintetizó su postura en una metáfora que tomó prestada del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace:
"Vinimos a terminar con la inflación económica y vamos a terminar también con la inflación legislativa".
Por el contrario, el diputado Luis Brugge rebatió el argumento oficialista al señalar que la depuración del ordenamiento legal argentino ya había sido resuelta técnicamente con anterioridad mediante metodologías rigurosas y académicas. El legislador recordó que la tarea que quiso emprender el Ministerio de Modernización ya fue realizada en 1999 por el Estado nacional, luego de lanzar una licitación internacional que terminó ganando la Universidad de Buenos Aires (UBA). Como saldo de aquella iniciativa, se realizó el Digesto Jurídico Normativo, un logro que calificó como "un esfuerzo muy grande en Argentina".
Alerta por los medicamentos públicos y los Bienes Culturales
El debate en el recinto desnudó el impacto federal de la norma, la cual vulnera conquistas asociadas al desarrollo de las provincias y el acceso a derechos fundamentales de la población.
El diputado tucumano Pablo Yedlin manifestó su profunda preocupación por la eliminación de la ley 26.688, la norma que declara el interés, el desarrollo y la producción pública de medicamentos, un pilar clave para el abastecimiento de los sistemas sanitarios provinciales.
La legisladora Ana María Ianni aludió explícitamente al riesgo que corre YCRT en este nuevo marco de desprotección legal. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, admitió que si bien había 13 normas cuya derogación su bloque compartía, alertó que el resto "no es normativa en desuso ni la están derogando por casualidad". En esa línea, puntualizó que la Ley Hojarasca amenaza directamente la ley de Bienes Culturales.
El plan de liquidación sobre ciencia, tecnología y defensa
La ley de Bienes Culturales —sancionada en 2003 por impulso de Eduardo Duhalde y Miguel Pichetto— tenía como propósito proteger a las firmas nacionales frente al endeudamiento en divisas extranjeras, evitando que cayeran en manos foráneas. Germán Martínez explicó que para su redacción "se había tomado como referencia lo que los Estados Unidos habían hecho con Inglaterra para que, en virtud de los tratados recíprocos de inversión, Inglaterra no se quede con los activos estadounidenses".
El legislador alertó que "en el medio está Clarín" y que "la derogación de esta ley es un perjuicio para las empresas periodísticas". Sin embargo, la advertencia más severa radicó en el alcance de los incisos regulatorios que quedan sin efecto, los cuales funcionaban como un blindaje legal para el patrimonio científico del país. Martínez avisó que el inciso B de la ley de Bienes Culturales protegía a las empresas de ciencia y tecnología, mientras que el inciso C atendía a las de defensa.
Al respecto, el diputado denunció los objetivos de fondo de la estrategia de desregulación: "Ustedes quisieron poner a Arsat, Nucleoeléctrica Argentina, empresas de altísimo valor tecnológico, en la lista de empresas sujetas a privatización", disparó, incluyendo en la enumeración a Fabricaciones Militares y Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) para subrayar que el plan definitivo del oficialismo "es liquidar empresas estratégicas, para la ciencia la tecnología y la defensa".