La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la noche de este miércoles con media sanción el proyecto de ley del Gobierno nacional que busca reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría. La iniciativa, que representa un severo golpe a los presupuestos familiares de las provincias, apunta a desmantelar de forma drástica el sistema de subsidios al consumo de gas que protegía a millones de usuarios frente a las bajas temperaturas invernales. El proyecto también le condona una deuda a las empresas eléctricas por 1800 millones de dólares.
Tras más de 11 horas de un debate atravesado por la tensión política, el proyecto recolectó 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Con este resultado, el expediente fue girado a la Cámara de Senadores, donde la administración central espera obtener la sanción definitiva. Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo se granjeó el apoyo estratégico de sus habituales aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal e Independencia, convalidando un esquema que desprotege a las economías del interior.
Una extensa sesión marcada por la estrategia oficialista
La jornada legislativa comenzó con un escenario de extrema paridad. El oficialismo consiguió ajustadamente el quórum, logrando de esa manera cumplir con un objetivo político clave: pisar y dejar sin efecto la convocatoria para una hora más tarde que había sido solicitada por los bloques de la oposición. Dicho temario opositor pretendía debatir en el recinto los escándalos judiciales que salpican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La superposición de ambas convocatorias a sesiones generó un extenso ida y vuelta de deliberaciones reglamentarias que insumió una hora y media de discusiones antes de ingresar al orden del día. Superado este impasse, la Cámara baja trató y aprobó en primera instancia la denominada "Ley Hojarasca" con 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones. Esta iniciativa, concebida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, propone depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas.
Luego de convalidar una serie de tratados internacionales, los legisladores ingresaron al tratamiento de la readecuación de la tarifa de gas por zona fría. Al llegar con los votos justos, el Poder Ejecutivo debió sellar un acuerdo de último momento en la víspera con seis provincias aliadas, a quienes se les prometió compensar el impacto mediante un futuro esquema de subsidios por "zona cálida" aplicable al consumo de energía eléctrica.
Los ejes del recorte y el fuerte impacto en los usuarios
El eje central de la reforma aprobada es la drástica reducción territorial del beneficio. El proyecto acota el subsidio por consumo exclusivamente a los hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, considerados de frío extremo, dejando desamparadas a vastas regiones del país, donde el invierno impacta con fuerza en los sectores socioeconómicos más vulnerables.
La letra explícita del proyecto fundamenta este drástico ajuste en tres metas fiscales:
"la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".
La normativa busca retrotraer la política de asistencia energética a un esquema similar al vigente antes de la ley aprobada en 2021, la cual establecía descuentos de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas de buena parte de las provincias argentinas. De acuerdo con los datos técnicos específicos suministrados la semana pasada por la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, el nuevo diseño de ajuste fiscal tendrá consecuencias directas sobre la población:
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Usuarios afectados: Perderán el subsidio de forma total 1.600.000 usuarios en todo el territorio nacional.
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Esquema de contención: Se mantendrá la asistencia para 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses invernales.
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Topes de ingresos: El beneficio seguirá vigente para hogares vulnerables con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo (equivalentes actualmente a 4,3 millones de pesos), hogares con integrantes que posean el Certificado Único por Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.
Modificaciones en la facturación y condonación de deudas
La pérdida de beneficios no se limita a la exclusión geográfica. A partir de los cambios estructurales validados en la media sanción, el Estado nacional pasará a subsidiar únicamente el metro cúbico de consumo de gas natural y dejará de cubrir la totalidad de la factura, por lo que el cargo fijo pasará a pagarse de forma completa por el usuario, encareciendo el costo final del servicio.
Finalmente, en un apartado que generó fuertes discusiones por el contraste entre las exigencias impuestas a los ciudadanos y los beneficios otorgados a las grandes corporaciones energéticas, el proyecto crea un mecanismo explícito para condonar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA por un total de 1.800 millones de dólares, pasivos que habían sido acumulados durante los sucesivos períodos de emergencia tarifaria.