De cara a la sesión del próximo jueves 6 de agosto, cuando el Senado de la Nación tiene previsto reanudar el tratamiento y votar la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un estudio nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló que una abrumadora mayoría de la población rechaza la eliminación de los límites a la venta de campos y recursos naturales a capitales internacionales. La propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo comenzó a debatirse en la Cámara alta el pasado 16 de julio, pero el oficialismo no logró cosechar las voluntades necesarias para avanzar con la votación.
La investigación de opinión pública expuso que el 77% de los consultados considera que deben mantenerse los controles y restricciones para la adquisición de la propiedad rural por parte de ciudadanos y firmas extranjeras. En contraste, apenas un 16,7% sostuvo que no deberían existir limitaciones y un 6,3% prefirió no contestar. Los datos se conocen en el pico de la controversia por el proyecto que promueve la gestión de Javier Milei, el cual pretende derogar los pilares de la Ley 26.737 de tierras rurales para desregular el mercado inmobiliario agrario.
Un freno ciudadano contra la entrega de la soberanía territorial
El relevamiento se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de julio sobre una muestra representativa de 1.400 casos a nivel nacional, con un margen de error de ±2,62% y un nivel de confianza del 95%. La medición buscó evaluar la postura de la sociedad ante el intento de desmantelar el régimen normativo que fija topes a la concentración de la soberanía territorial y protege áreas de seguridad de frontera y cuencas hídricas estratégicas.
A pesar de la campaña oficialista para presentar la reforma como una herramienta indispensable para atraer inversiones extranjeras y garantizar la seguridad jurídica, el consenso de la ciudadanía se orientó de forma mayoritaria hacia la preservación del patrimonio nacional. La posición del electorado atravesó diversos sectores sociales, reafirmando el valor del desarrollo productivo local y el resguardo de las reservas de agua y minerales del país frente a los avances de la desregulación económica.
La oposición advierte sobre la concentración y llaman a movilizar al Congreso
Las voces de rechazo hacia la iniciativa oficial se multiplicaron desde distintos espacios políticos e institucionales. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, fustigó el trasfondo de la propuesta: "El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos".
En la misma línea, el funcionario provincial enfatizó la defensa de los límites territoriales ante la embestida desreguladora: "Frente a esta iniciativa que atenta contra los límites de extranjerización, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega".
Las advertencias sobre el peligro de un proceso acelerado de extranjerización de tierras en favor de grandes grupos financieros motivaron la reacción de diversas organizaciones sociales y agrarias, que ya convocaron a una masiva movilización hacia las puertas del Congreso de la Nación para el próximo 6 de agosto, día en que la Cámara alta pretende definir el futuro de la ley.