En una maniobra que combina la entrega de recursos estratégicos con un beneficio extraordinario para el sector corporativo, la administración nacional ha puesto en marcha dos ejes que golpean directamente la soberanía nacional y el patrimonio de los argentinos. Por un lado, se habilitó un mecanismo para que empresas extranjeras -con especial venia para los Estados Unidos- inspeccionen activos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con fines de privatización. En paralelo, el Ejecutivo busca perdonar una deuda de USD 1.842 millones a las grandes distribuidoras eléctricas que operan en el país.
Esta política de "puertas abiertas" ocurre mientras el federalismo productivo sufre las consecuencias de un ajuste que paraliza obras clave, como la cuarta central nuclear y el reactor CAREM, fundamentales para la autonomía energética de provincias como Entre Ríos.
El remate nuclear: uranio y tecnología bajo la lupa de EE.UU.
El pasado 4 de mayo, coincidiendo con la visita de una delegación del Departamento de Estado y autoridades nucleares de los Estados Unidos, la CNEA aprobó el procedimiento de “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”. Este expediente permite que capitales privados releven información sensible sobre:
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Yacimientos de uranio: Reservas estratégicas en Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut).
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Tecnología de punta: El reactor de investigación AR 10 y el proyecto CAREM.
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Infraestructura: Plantas, complejos y documentación técnica que integran el Plan Nuclear Argentino.
Desde la junta interna de ATE CNEA advirtieron que este avance se enmarca en la nueva doctrina de entrega de minerales críticos. La sincronización entre la inspección de funcionarios estadounidenses a los centros atómicos de Ezeiza, Constituyentes y Bariloche con la firma de estos manuales de privatización deja al desnudo un esquema de subordinación que compromete los derechos humanos de las futuras generaciones al acceso a energía soberana.
Perdón de deuda para las eléctricas: USD 1.842 millones en juego
Mientras se asfixia el presupuesto de ciencia y técnica, la secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió en el Congreso un esquema de condonación de deudas para las distribuidoras privadas con Cammesa. La suma total asciende a USD 1.842 millones, concentrándose el 69% del monto en tres grandes actores:
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Grupo DESA: USD 474 millones.
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Edenor: USD 438 millones.
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Edesur: USD 345 millones.
El proyecto oficial pretende que estas empresas descuenten de sus deudas los supuestos ingresos no percibidos durante años de congelamiento tarifario. Es, en los hechos, un doble beneficio: el Estado deja de cobrar una deuda multimillonaria mientras los usuarios residenciales afrontan aumentos que superan largamente la inflación.
La "rueda infinita" del desfinanciamiento estatal
La postura oficial sostiene que las empresas operaron bajo "emergencia tarifaria", pero los registros históricos muestran que incluso con aumentos superiores al 2000% durante la gestión de Mauricio Macri, las compañías continuaron acumulando deudas con la administradora del mercado mayorista.
Este mecanismo de compensación por "activos regulatorios" ya ha sido cuestionado por auditorías previas que señalaron irregularidades en los cálculos, advirtiendo que estas maniobras transforman artificialmente a empresas deudoras en acreedoras del Estado. En este contexto, la figura de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica vinculado a sectores beneficiados por la actual gestión, suma opacidad a un proceso de ajuste que parece tener un solo destinatario: el bolsillo del trabajador.
Consecuencias para el desarrollo nacional
La entrega del sector nuclear no solo implica la pérdida de activos; significa el fin de un desarrollo científico que posicionó a la Argentina como líder regional. El retiro del Estado de los denominados "negocios nucleares maduros" abre la puerta al saqueo de las 38.740 toneladas de uranio identificadas en el territorio nacional, recursos que ahora quedan bajo el radar de empresas como Fisherton Mining SA y capitales norteamericanos bajo la renovada Doctrina Monroe.
La soberanía, la seguridad ambiental y la autonomía energética demandan una protección de estos recursos. Sin embargo, el Gobierno nacional parece decidido a rifar el futuro nuclear por "chirolas", mientras garantiza la rentabilidad de las eléctricas que, pese a los tarifazos, siguen financiando su operación con la deuda que todos los argentinos terminan pagando.