Mientras la atención pública se concentraba en las modificaciones del gabinete nacional con la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete y la primera conferencia de Adrián Ravier como vocero presidencial, la soberanía energética y el sistema científico del país recibieron un golpe demoledor. A través de una notificación en el sistema de gestión estatal (GDE), las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) informaron a un centenar de trabajadores que sus contratos no serán renovados.
Los gremios estiman que las cesantías podrían alcanzar a 170 profesionales, investigadores y técnicos especializados, muchos con más de 10 años de antigüedad, quienes el miércoles 30 de junio supieron que al día siguiente ya no tendrían empleo. La medida desató protestas en las sedes del organismo, culminando con la intervención de la Gendarmería Nacional, que reprimió con golpes a los trabajadores en los pasillos de la sede central de Buenos Aires para custodiar la salida del titular de la CNEA, Martín Porro.
Represión en los pasillos y ajuste presupuestario en el sector nuclear
La crisis en el organismo encargado del plan nuclear argentino no representa un hecho aislado, sino la profundización de una política de desfinanciamiento sistemático. Durante los últimos tres años, la CNEA sufrió una reducción del 45,4% de su presupuesto y una caída del 53,4% en la inversión en bienes de capital, acumulando la pérdida de unos 500 puestos de trabajo entre despidos directos y la migración forzada de científicos hacia el sector privado debido al deterioro de los salarios estatales.
La tensión escaló de manera violenta cuando el personal inició una permanencia pacífica en el edificio central, recibiendo como respuesta el accionar de las fuerzas de seguridad para escoltar a Porro, quien asumió tras la designación de Federico Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares. Al respecto, las delegadas gremiales describieron el escenario:
“En 21 años de trabajo nunca vi algo así, es un desastre. La Gendarmería adentro de la sede central, hubo empujones, compañeros que recibieron golpes y palazos. Un nivel increíble. Había llanto, angustia tristeza. Un desastre”, le contó la delegada Carolina Komar a este diario.
El impacto directo en el desarrollo científico y la medicina oncológica
Las consecuencias del recorte impactan directamente en las capacidades estratégicas del país y en el sistema de salud pública. La CNEA cumple un rol fundamental en la medicina nuclear, encargándose de la producción de los radioisótopos que abastecen al mercado nacional para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas.
“Tenemos un reactor de investigación, la mayoría de los proyectos que hacemos dentro del centro técnico Bariloche van destinados a tratamientos oncológicos”, explicó Carolina Natalia Ayala, profesional del Centro Atómico Bariloche y delegada de ATE, a Página/12.
Los representantes de los trabajadores advierten que el vaciamiento técnico responde a una estrategia para desmantelar una inversión histórica del Estado y favorecer el usufructo de empresas privadas extranjeras, las cuales ofrecen salarios hasta cuatro veces superiores ante la licuación de los haberes oficiales:
El personal calificado migra hacia firmas privadas como Meitner Energy debido a que los sueldos de investigadores con una década de trayectoria no alcanzan los dos millones de pesos, frente a alquileres en zonas como Bariloche que rondan el millón y medio de pesos.
“El acervo intelectual que tiene la CNEA se va a ver mermado en algo que entendemos que es claramente un plan para desmantelar el plan nuclear argentino, una inversión de 76 años que la Argentina ha realizado para dominar la energía nuclear con fines pacíficos”, le dijo a este diario Ignacio Cortés, delegado de ATE y trabajador de la CNEA.
Entrega de recursos estratégicos y el interés por el uranio
La ofensiva sobre el organismo ocurre en paralelo a la apertura de las instalaciones a corporaciones multinacionales mediante el denominado Procedimiento de Acceso Preliminar. Esta normativa permite a firmas privadas inspeccionar activos de alta sensibilidad, como el reactor RA-10 y la información sobre las reservas de uranio ubicadas en Chubut, Mendoza y Salta.
Expertos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciitci) señalan que el desmantelamiento supera las razones de restricción fiscal, vinculándose estrechamente con la geopolítica global de la energía. De hecho, el vaciamiento se ejecuta sobre una estructura que cuenta con empresas altamente superavitarias controladas por la CNEA, como Atucha (Nucleoeléctrica Argentina), que registró saldos positivos por $90.304 millones en 2025, y Dioxitek, con ganancias por $19.204 millones en el mismo período.
El trasfondo de las medidas coincide con los lineamientos de la "Alianza para la seguridad de los minerales críticos" suscrita con los Estados Unidos, cuyo secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó el interés norteamericano al señalar que "Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses". El avance sobre el ciclo del combustible nuclear genera alarma entre los técnicos locales, quienes recuerdan que las reservas nacionales del mineral ascienden a 33.000 toneladas, un volumen limitado que requiere resguardo para garantizar el autoabastecimiento y el desarrollo tecnológico futuro de la nación.