La reforma de la Ley General de Sociedades comenzará a debatirse este miércoles en el Senado de la Nación con una reunión informativa en la comisión de Legislación General, donde expondrá el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa promovida por el Ejecutivo propone reducir al mínimo la intervención estatal, habilitar sociedades automatizadas con inteligencia artificial y ampliar la digitalización de los procesos empresariales, en lo que representa un giro drástico sobre una normativa vigente desde 1972.
La reunión está prevista para las 15:30 y será encabezada por la presidenta de la comisión, la senadora neuquina Nadia Márquez. Según lo programado, también participarán la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Paula Taddei Farfán, y el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, para defender un texto que busca introducir cambios profundos en el funcionamiento de las sociedades comerciales, reduciendo la intervención estatal en la organización de las empresas y otorgando mayor autonomía a los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus negocios.
Menos controles públicos y vía libre para los estatutos privados
Uno de los ejes centrales del proyecto es que las disposiciones de la ley pasen a tener un carácter supletorio, otorgando mayor relevancia a los estatutos que acuerden los propios socios. Según los fundamentos de la propuesta, el objetivo es terminar con lo que el oficialismo denomina la "tutela estatal" sobre la forma en que las empresas organizan sus actividades, estableciendo que las restricciones impuestas por organismos públicos sean excepcionales y de interpretación restrictiva.
En esa misma línea, el proyecto plantea limitar de manera drástica la capacidad de los registros públicos provinciales para imponer regulaciones que excedan lo previsto por la legislación nacional, un punto que debilita las facultades de control locales frente a posibles maniobras de evasión o fraude. Además, se establece que el objeto social podrá ser amplio y abarcar múltiples actividades, sin la obligación de mantener una relación directa entre ellas, lo que desdibuja la identidad y el propósito específico de las firmas comerciales.
Sociedades automatizadas y algoritmos en lugar de puestos de trabajo
La propuesta regulatoria introduce figuras que alteran los conceptos tradicionales del empleo y la responsabilidad jurídica en el territorio nacional. Entre las novedades más innovadoras figura la creación de la denominada “Sociedad Automatizada”, una figura jurídica que podrá operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados para desarrollar sus tareas ordinarias.
Asimismo, la iniciativa incorpora las denominadas DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras que pueden funcionar de manera total o parcialmente autónoma mediante tecnología blockchain y participaciones representadas en tokens digitales. De aprobarse, estas nuevas figuras quedarían incorporadas al marco legal argentino, reconociendo modelos empresariales vinculados a la economía digital y a las nuevas tecnologías, pero abriendo un severo interrogante sobre la recaudación fiscal y la destrucción de puestos laborales.
Digitalización total y nuevas formas de aportar capital
El texto oficial prevé una desmaterialización casi total de las exigencias administrativas presenciales. Entre otras medidas, contempla:
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La incorporación del domicilio electrónico y la sede electrónica obligatoria.
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La utilización exclusiva de libros digitales en reemplazo de los soportes físicos.
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La realización de asambleas virtuales y la posibilidad de constituir sociedades mediante firma digital o electrónica.
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La creación de un legajo digital público para cada empresa, facilitando el acceso a la información societaria y reduciendo trámites presenciales.
Según los fundamentos de la iniciativa, estas modificaciones buscan adecuar el régimen legal a una realidad donde muchas compañías operan mediante plataformas tecnológicas, estructuras remotas o equipos distribuidos geográficamente.
Por último, la reforma amplía las modalidades de aportes que podrán realizar los socios al momento de constituir una sociedad. Además de bienes y dinero, se permitirá incorporar derechos, créditos, activos digitales, obligaciones de dar o hacer y otras prestaciones susceptibles de valoración económica. El Gobierno sostiene que este cambio permitirá reconocer el valor de activos intangibles, tecnológicos o digitales que hoy resultan fundamentales para numerosos emprendimientos y empresas de base tecnológica, completando un esquema de flexibilización extrema en el circuito corporativo.