La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda Libra, un expediente que roza directamente al entorno de la Casa Rosada, sufrió un revés drástico en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó una resolución que deja la causa en terapia intensiva al apartar a todos los querellantes que representaban a los ciudadanos damnificados. Con esta medida, el avance de la investigación dependerá exclusivamente del impulso del fiscal Eduardo Taiano, un funcionario severamente cuestionado en los pasillos judiciales por su falta de iniciativa.
El magistrado hizo lugar a un planteo presentado por el lobista Mauricio Novelli, señalado como amigo del presidente Javier Milei, y excluyó a cinco querellas del expediente. A partir de esta decisión, las víctimas del fraude financiero ya no tendrán acceso a las actuaciones ni contarán con la facultad de solicitar medidas de prueba para esclarecer las maniobras.
Los polémicos argumentos para desproteger a las víctimas
Para justificar la exclusión de los denunciantes, Martínez De Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron acreditar un "perjuicio real y directo" que los habilite a continuar en la causa y que tampoco pudieron probar debidamente ser titulares de las billeteras afectadas.
De manera llamativa, el juez pareció estructurar los argumentos defensistas que habilitarán a los acusados a pedir la nulidad de todo el proceso. En su escrito, Martínez De Giorgi afirmó que quienes invirtieron en Libra asumieron "riesgos inherentes" por tratarse de una "memecoin", omitiendo que dicha condición no era de público conocimiento al momento del lanzamiento del activo digital y obviando la activa promoción financiera que realizó el propio Milei antes de asumir la presidencia.
Hasta el momento, la causa avanzaba a paso de tortuga y los escasos logros en la recolección de pruebas se habían obtenido gracias al esfuerzo de los equipos jurídicos de los damnificados. La virtual parálisis del caso representa un triunfo de la Casa Rosada en su intento de sepultar un expediente judicial sensible, alimentando las sospechas sobre un supuesto pacto de impunidad coordinado entre Martínez De Giorgi y su aliado estratégico, el juez Ariel Lijo.
Entramado de influencias: Cambios de gabinete, pliegos y un viaje clave
La resolución del Juzgado Federal no se lee de forma aislada en el escenario político y tribunalicio. El fallo coincide temporalmente con una serie de movimientos de alto impacto institucional que exponen las negociaciones de poder:
La decisión se firmó pocos días después de la renuncia de Manuel Adorni. El exvocero es investigado por el juez Lijo por presunto enriquecimiento ilícito y existían fuertes sospechas en Comodoro Py de que su nombre pudiera aparecer vinculado a la trama de la criptomoneda Libra.
En simultáneo, el Poder Ejecutivo apuró el envío al Senado del pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte —histórico secretario de Ariel Lijo— para ocupar el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, una silla estratégica desde donde se controlará la causa contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.
La determinación de Martínez De Giorgi también encendió alarmas debido a la situación de su esposa, Ana Juan. El Senado aprobó el mes pasado su pliego como jueza del Juzgado Federal de Hurlingham, pero el Presidente aún no ha firmado el decreto de designación bajo el argumento de que la dependencia no está habilitada.
Operadores judiciales remarcan que este entramado de resoluciones, ascensos y renuncias se precipitó tras un reciente viaje a París donde coincidieron el juez Ariel Lijo y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en cuyo despacho se registraba euforia por haberle garantizado un cierre definitivo al frente judicial de los Milei.
Denuncian un pacto político-judicial
La exclusión de los damnificados provocó la inmediata reacción de los representantes legales de las víctimas de la estafa virtual. Juan Grabois, quien ejercía el rol de abogado de cuatro de los cinco querellantes expulsados, denunció públicamente los alcances políticos de la medida y la vinculó de manera directa con los últimos movimientos de la cúpula del Poder Ejecutivo.
"No es un hecho aislado que esto suceda también la misma semana en que el Presidente Milei arregló con Mauricio Macri", advirtió el dirigente social.
Asimismo, Grabois apuntó directamente contra la estructura de operadores que actúa en las sombras de los tribunales federales de Retiro para garantizar el blindaje de los funcionarios públicos: "Este pacto de impunidad se sella a través de quien ambos han elegido como su delegado: Juan Bautista Mahiques", concluyó el letrado.
La resolución, que consagra la desprotección de los ciudadanos estafados frente al poder político, podrá ser apelada en los próximos días ante la Cámara Federal, donde se definirá si se restituye el rol de las víctimas o se consolida el archivo definitivo de la causa.