La Libertad Avanza volvió a postergar en el Senado de la Nación el debate del proyecto de ley de propiedad privada. La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, solicitó formalmente demorar el tratamiento de la iniciativa hasta la sesión programada para el próximo 6 de agosto, al constatar que no reunía los respaldos necesarios para aprobar la eliminación de las restricciones a la extranjerización de la tierra.
La propuesta de pasar a un cuarto intermedio se formalizó tras la aprobación de ascensos en la Cancillería, 29 pliegos para la designación de magistrados en la Justicia -entre ellos la prórroga del pliego del juez Víctor Pesino- y un proyecto específico sobre la provincia de Tucumán. Sin embargo, el núcleo de la reforma de propiedad privada mantiene en alerta a las provincias, organizaciones sociales, ambientalistas y sectores eclesiásticos por su impacto directo sobre el acceso al suelo y la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos.
Fin al límite de tierras en manos extranjeras y la pérdida de soberanía
El punto más sensible de la reforma radica en la derogación fáctica de los parámetros de protección que consagra la Ley de Tierras Rurales. La normativa vigente establece un límite estricto del 15% del total de las tierras de uso rural —a escala nacional, provincial o municipal— que pueden estar en posesión de sujetos extranjeros, impidiendo que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese porcentaje y restringiendo la titularidad a un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva.
El proyecto oficialista elimina por completo estas restricciones para personas físicas y fondos de capital de origen privado. Al respecto, Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue categórico al señalar que:
"no existe ninguna demanda significativa de inversores extranjeros que justifique esta reforma."
Morales recordó que el registro de la ley actual contenía controles razonables que impedían una extranjerización desmedida de los recursos naturales. Con esta flexibilización, latifundios de escalas similares o mayores a los adquiridos históricamente por corporaciones multinacionales podrían multiplicarse sin regulaciones nacionales efectivas.
Un régimen de expropiaciones costoso e inflexible para los Estados provinciales
La iniciativa oficial avanza también sobre la Ley 21.499 de expropiaciones, restringiendo severamente la capacidad del Estado para declarar la utilidad pública de un bien de uso común. De aprobarse el texto, no bastará con invocar razones de interés general, sino que cada declaración deberá identificar de forma "específica y concreta" el fin perseguido, demostrando que la medida es "idónea, necesaria y proporcional".
A la par de las trabas administrativas, el proyecto encarece drásticamente las indemnizaciones que debe afrontar el Estado al incorporar el concepto de lucro cesante, obligar a pagar el valor del bien indexado por inflación más una tasa de interés comercial y eximir el cobro de impuestos. Además, el Estado no podrá tomar posesión del inmueble o terreno hasta haber cancelado la totalidad del pago, debilitando la planificación de infraestructura pública y restando autonomía a las provincias para intervenir sobre áreas de desarrollo estratégico.
Alto riesgo ambiental: modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego
El capítulo que genera mayor alarma en las provincias del litoral, como Entre Ríos, es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La legislación actual prohíbe taxativamente por un plazo de 60 años cualquier modificación en el uso del suelo, loteo o venta de terrenos que hayan sufrido incendios, resguardando tanto a los bosques nativos como a los humedales de la especulación inmobiliaria y comercial.
El texto original del Ejecutivo eliminaba por completo esta protección en las áreas de uso rural. Aunque el Senado rechazó los cambios sobre los bosques nativos, los legisladores aceptaron eliminar de forma parcial la veda de 30 años para la venta o alteración del uso de tierras rurales ubicadas fuera de esa categoría específica.
El obispo de Chascomús e integrante de la Pastoral Social Nacional, Juan Ignacio Liébana, advirtió sobre los graves riesgos que conlleva esta desregulación para la biodiversidad y el acceso al agua dulce, manifestando que se necesitan: "otras capacidades de control ambiental"
Esta reforma se impulsa en un contexto de progresiva reducción de los recursos estatales destinados a las tareas de fiscalización y combate del fuego, dejando desprotegidos ecosistemas clave ante el desmonte y los incendios intencionales.
El impacto social: retroceso sobre barrios populares y desalojos exprés
En su redacción inicial, el proyecto de la administración central contemplaba la derogación de artículos esenciales de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, una herramienta jurídica que declara de utilidad pública las tierras de los barrios populares y suspende los desalojos hasta octubre de 2032 para permitir la regularización dominial. La resistencia articulada de los movimientos sociales logró que el Senado eliminara ese capítulo del dictamen para sostener la vigencia de la norma.
Sin embargo, el proyecto introduce cambios sustanciales en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, transformando el juicio de desalojo en un trámite sumarísimo, el procedimiento más breve y con menores plazos de defensa del ordenamiento legal. La reforma elimina la obligatoriedad de la caución real que los propietarios debían integrar para exigir la desocupación inmediata de un inmueble, sustituyéndola por una simple declaración jurada sin respaldo patrimonial.
Pese a que el Senado atenuó el impacto habitacional extendiendo de 3 a 10 días el plazo de intimación previa por falta de pago, la aceleración de los plazos procesales desprotege a los inquilinos y pequeños productores en un escenario signado por la caída del salario real y la desregulación de los alquileres. Frente a esta vulnerabilidad, Diego Morales advirtió que existen:
"vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen"
El debate que continuará en agosto determinará si se consolida este modelo de retracción de las facultades de control del Estado, donde el libre mercado regula de forma exclusiva el acceso a la tierra, el hábitat y los bienes comunes.
Propuesta para Redes Sociales