El proceso de desmantelamiento de las políticas públicas y del patrimonio histórico nacional sumó un capítulo crítico que afecta de forma directa el derecho al descanso de los sectores vulnerables. El Gobierno nacional avanzó con el vaciamiento definitivo de las Unidades Turísticas de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y de Embalse, en la provincia de Córdoba. La medida incluyó el cese de funciones de más de 100 trabajadores y el inicio formal del traspaso de estas instalaciones estatales hacia manos de operadores comerciales privados.
Los complejos turísticos, que cuentan con más de 70 años de historia desde su fundación durante el primer gobierno peronista, constituyeron un emblema de la democratización del bienestar en la Argentina, permitiendo el acceso a vacaciones en el mar y las sierras a cientos de miles de familias de trabajadores, jubilados y niños de bajos recursos de todo el país, incluidos miles de contingentes entrerrianos.
Despidos, disponibilidad y amenazas de desalojo por la fuerza pública
El esquema de privatización de los predios se ejecuta bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, conducida por Daniel Scioli, cartera que consideró “innecesarias” las instalaciones y dispuso su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo técnico encargado de gestionar, concesionar o enajenar los inmuebles de propiedad estatal.
El impacto laboral y social de la medida se instrumentó a través de normativas específicas de la Jefatura de Gabinete que vulneran la estabilidad del empleo público y el arraigo de las familias que habitan y custodian los predios:
Mediante la Resolución 2026-129, el Ejecutivo nacional pasó al “personal de planta permanente con estabilidad adquirida a situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269 del 22 de abril de 2026”. El plazo máximo sin asignación de tareas será de 12 meses; de no reubicarse, los agentes serán cesanteados.
La medida alcanza de forma directa a cerca de 58 empleados estatales en el complejo de Chapadmalal y a unas 45 personas en la unidad de Embalse, sumando un centenar de familias afectadas por despidos de contratados y suspensiones.
La AABE notificó formalmente a los empleados de planta —muchos de los cuales residen profesionalmente en las unidades desde hace décadas— otorgándoles un plazo perentorio de diez días para abandonar las viviendas fiscales. Las autoridades advirtieron que, en caso de incumplimiento, se procederá al desalojo mediante el uso de la fuerza pública.
La parálisis de las prestaciones sociales quedó expuesta al constatarse que la última actividad institucional con huéspedes se registró durante los meses de enero y febrero de 2025. En aquella oportunidad, la explotación se delegó temporalmente en un operador privado bajo la modalidad de media pensión y pensión completa, registrando índices de ocupación elevados que, sin embargo, el Gobierno decidió discontinuar de forma absoluta para la presente temporada.
La denuncia de los trabajadores y el estado de las instalaciones
Frente a la inminencia del cierre definitivo y el traspaso a capitales privados, el personal de las unidades turísticas manifestó su rechazo y denunció que el argumento de la inoperancia estatal constituye una justificación deliberada para viabilizar un desarrollo comercial inmobiliario.
Candela Victorica, trabajadora del complejo desde hace casi 33 años, lamentó el desmantelamiento de la estructura y de la política de accesibilidad social:
“Buscan terminar con una propuesta para favorecer un gran negocio. La mayoría de los edificios está en condiciones y mucha gente lo pudo disfrutar”.
En el mismo sentido, los operarios aseguraron que la infraestructura de los hoteles se encuentra preservada gracias al mantenimiento artesanal que realizan de forma cotidiana, a pesar de las restricciones presupuestarias impuestas por la administración central, que actualmente envía una caja chica de apenas $504.000 para gastos de combustible y repuestos.
“Abrís una puerta y todo funciona, lo hemos mantenido”, describió Florencia Ruiz, trabajadora del lugar.
El plan oficial de privatización había sido esbozado previamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien meses atrás consignó que la intención del Poder Ejecutivo es otorgar la concesión de los predios por un lapso de 30 años, aunque omitió brindar precisiones técnicas sobre los pliegos o los plazos de la licitación. De hecho, la gestión de Daniel Scioli ya había iniciado este proceso en septiembre de 2024 al convocar a licitación pública para otorgar las concesiones privadas de las unidades 2 y 7 de Chapadmalal.
Un patrimonio histórico de 7.000 millones de pesos puesto al servicio privado
Las contradicciones administrativas del proceso selectivo quedaron asentadas en la propia documentación oficial enviada por Scioli a la AABE. En dicha correspondencia, el funcionario aclaró que los edificios fueron declarados Monumentos Históricos Nacionales en el año 2013 y que en 2023 se constituyó la Reserva Natural Educativa Cerro Pistarini dentro del predio cordobés, condicionando cualquier reforma a las normativas de preservación vigentes. Asimismo, se detalló que se gestiona la transferencia a la jurisdicción bonaerense de los bienes del Museo Eva Perón, quedando excluida de la venta únicamente la Residencia Presidencial de Chapadmalal.
El argumento de la "innecesariedad" de las 75 hectáreas de bosques y playas con acantilados —zonas de alta valorización inmobiliaria por el auge del surf y los barrios privados perimetrales— se fundamentó formalmente en supuestos planteos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). No obstante, desde la propia entidad privada aclararon que dichos requerimientos no fueron formalizados orgánicamente, sembrando dudas entre sus asociados sobre si la medida responde a los intereses particulares de determinados grupos corporativos locales.
La entrega de los complejos a operadores privados representa la transferencia de una infraestructura que fue íntegramente remodelada y puesta en valor por la gestión anterior mediante una inversión pública de 7.000 millones de pesos, la cual permitió la reapertura de 9 hoteles y decenas de bungalows con capacidad para albergar a 4.000 huéspedes diarios.
El ex titular de Turismo de la Nación, Matías Lammens, fijó su postura crítica respecto al cierre de los complejos y la interrupción de los programas de turismo social:
"Las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse son patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y emocional de los argentinos. Cerrarlas es una enorme burrada. En el último año de nuestra gestión, después de un ambicioso plan de obras que puso en valor los complejos y reinauguró 9 hoteles y decenas de bungalows, visitaron el mar y las sierras más de 120 mil personas, muchas de ellas de bajos recursos, muchos jubilados, muchas familias que de otra manera no podían tener vacaciones. Cerrarlos es de una insensibilidad que no deja de asombrar".
De este modo, el retiro del financiamiento estatal y el cese de los contingentes sociales configuran un escenario donde el derecho al ocio y el resguardo del patrimonio histórico quedan supeditados a la lógica del mercado y al beneficio comercial de los sectores concentrados del turismo receptivo.