La desindustrialización que avanza sobre el entramado productivo de la región centro sumó un nuevo y dramático capítulo. La firma Pampa Energía anunció el cierre definitivo de su fábrica de producción de caucho sintético ubicada en la localidad de Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe. La medida representa la liquidación de la única planta que fabricaba este insumo estratégico en toda la Argentina, destruyendo 130 puestos de trabajo directos e induciendo a que, a partir de ahora, la industria nacional pase a depender de forma absoluta de las importaciones para abastecer la demanda interna, utilizada principalmente en la fabricación de neumáticos.
Desde la compañía justificaron la decisión al señalar que respondió a la pérdida de competitividad del negocio en un escenario marcado por la fuerte caída del mercado interno. Entre los factores determinantes, la empresa destacó el desplome del consumo por parte de la firma FATE —su principal comprador—, sumado a la retracción generalizada de la actividad industrial y al severo deterioro de las condiciones económicas para sostener la producción en el país.
A través de un comunicado, desde la compañía indicaron que durante años mantuvieron la operación en funcionamiento y evaluaron diversas alternativas para intentar garantizar la continuidad. Sin embargo, concluyeron que la profunda crisis que atraviesa el sector volvió inviable la permanencia del negocio en el territorio nacional.
El desplome de FATE y la pérdida de soberanía industrial
La parálisis del consumo y la recesión que golpea a las grandes cadenas manufactureras terminaron por asfixiar las finanzas de la planta petroquímica santafesina. La drástica reducción en las órdenes de compra refleja la magnitud del parate económico que atraviesa la cadena automotriz y de autopartes.
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), Mauricio Brizuela, detalló el impacto del cese de operaciones de su principal cliente al precisar que FATE pasó de adquirir unas 7.000 toneladas mensuales a apenas 250 toneladas, una caída abismal que terminó por liquidar la sustentabilidad económica de la fábrica.
Al tratarse de la única productora de caucho sintético del territorio argentino, la clausura de sus instalaciones no solo afecta al sector del neumático, sino que interrumpe el suministro de materia prima para diversas actividades manufactureras, marcando un cambio estructural y regresivo en el abastecimiento de los insumos básicos de la producción local.
El drama social de los despidos y el reordenamiento corporativo
La erradicación de esta unidad productiva alcanza de forma directa a unos 130 operarios sobre un total de 500 trabajadores que integran el Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín. En tanto, desde la empresa aclararon que las restantes operaciones que se desarrollan dentro del predio continuarán funcionando con normalidad.
Respecto al destino de los operarios afectados por los despidos, Pampa Energía indicó que ofrecerá alternativas de reubicación laboral para una parte del personal en los proyectos de construcción de la futura planta de urea en Bahía Blanca y en otras firmas controladas por el grupo económico, tales como SACDE, Transener y TGS.
Sin embargo, desde la conducción del gremio SOEPU advirtieron sobre el severo impacto social de los cesantíos en la región. Mencionaron que un porcentaje significativo de los trabajadores cuenta con más de 30 años de antigüedad y bordea la edad jubilatoria, un factor que obtura casi por completo las posibilidades de reinserción en un mercado de trabajo deprimido. Asimismo, subrayaron que la decisión destruye empleos industriales de altísima calificación técnica y con salarios que superaban el promedio general de la actividad.
El cierre de la planta se encuadra en la estrategia de reasignación de capital financiero de Pampa Energía, enfocada en concentrar sus desembolsos en áreas extractivas y de negocios con mayor margen de rentabilidad. En esa línea, la corporación anunció recientemente una inversión superior a los 2.700 millones de dólares para erigir en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca una planta de urea proyectada entre las más grandes del mundo, eje central donde reorientará su expansión empresarial.