La transparencia en el manejo de los fondos públicos vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Este lunes, la Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la entrega inmediata del expediente completo de una licitación pública impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. El proceso bajo sospecha tiene como objeto la “contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
La medida se da en un contexto de severo ajuste en las partidas presupuestarias destinadas a las provincias y a los servicios esenciales de la población, lo que vuelve aún más sensible el control sobre el gasto de la administración central.
El requerimiento de la Fiscalía ante la sospecha de fraude
A través de esta iniciativa, el fiscal federal Ramiro González busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar formalmente con una investigación penal. En su resolución, el funcionario judicial precisó el alcance de la medida preliminar:
“Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
La sospecha principal radica en una presunta cartelización u oligopolio en las ofertas presentadas para quedarse con el servicio de jardinería de las sedes gubernamentales. Según consta en el documento fiscal:
“Se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
Ruptura política y denuncia por negociaciones incompatibles
El expediente judicial se originó a partir de una denuncia formal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora apuntó directamente contra la hermana del presidente Javier Milei, enumerando la posible comisión de delitos graves contra el patrimonio estatal, tales como fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acción judicial adquiere un fuerte peso político debido al origen de la denunciante. Pagano inició su mandato como legisladora nacional formando parte de la estructura de La Libertad Avanza, el partido gobernante, frente del cual en la actualidad se encuentra distanciada.
El proceso administrativo bajo la lupa de los tribunales de Comodoro Py es la licitación pública N° 23-0005-LPU26, una convocatoria que ahora deberá ser auditada paso a paso para esclarecer si existió un direccionamiento de los recursos del Estado en beneficio de un conglomerado empresarial específico.