A días de una reunión de Comisión clave en el Congreso de la Nación, la CGT lanzó un enérgico llamado a los senadores para que rechacen el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo, advirtiendo que la gestión de Javier Milei busca facilitar la entrega de los recursos naturales estratégicos a capitales e intereses extranjeros. De este modo, la central obrera unificó posiciones con la Iglesia católica, que ya había manifestado sus severas críticas a la iniciativa oficial. Si bien el bloque de La Libertad Avanza fracasó en tres oportunidades previas en su intento de poner en debate la propuesta, este miércoles volverá a la carga en el plano parlamentario introduciendo correcciones en el texto con el objetivo de forzar su votación en la próxima sesión legislativa.
El proyecto de ley, diseñado y promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone la eliminación lisa y llana de las restricciones legales vigentes para que ciudadanos y corporaciones del exterior adquieran extensiones territoriales en la Argentina.
El reclamo de la central obrera por la soberanía territorial
La polémica principal se concentra de forma directa en un capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modifica de raíz la Ley de Tierras, barriendo con el límite del 15% fijado históricamente a las personas físicas y empresas extranjeras para poseer dominio sobre el suelo nacional.
“Nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, advirtió la CGT sobre el tema.
A través de una serie de publicaciones institucionales en sus canales de comunicación, la conducción sindical interpeló de forma directa a los representantes de las provincias en la Cámara Alta:
“Lo que está en juego es la tierra, el agua, los ríos y los recursos naturales, que son la base de cualquier proyecto de desarrollo, producción y trabajo. Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica. ¡No entreguen nuestra soberanía!”, reclamó.
Asimismo, al plantear el interrogante respecto de en manos de quiénes estarán las tierras, la central advirtió que “la riqueza se concentra cada vez más en unos pocos tecnomagnates”. En ese sentido, alertó que “algunos mantienen estrechos vínculos con la Casa Rosada y fijaron domicilio en la Ciudad de Buenos Aires”, haciendo clara alusión a Peter Thiel, el empresario tecnológico de extrema derecha de fuerte llegada al entorno presidencial. De igual modo, recordó el caso del magnate británico Joe Lewis: “Hoy los argentinos y las argentinas ya enfrentamos obstáculos para acceder al Lago Escondido. Ese conflicto representa apenas una muestra de lo que podría multiplicarse si este proyecto se convierte en ley”, indicaron.
La Iglesia advierte por el acceso a las reservas de agua dulce
La postura del movimiento obrero coincide con los duros señalamientos que la Iglesia católica viene realizando sobre la entrega de bienes comunes. Las pastorales e instituciones eclesiásticas señalaron con preocupación que el proyecto del oficialismo “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
En un documento conjunto redactado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), la institución religiosa encendió las alarmas sobre el grave impacto de la extranjerización de la tierra y el consecuente proceso de concentración de la propiedad. La Iglesia alertó especialmente sobre el riesgo estructural que implica otorgar acceso irrestricto y sin controles a corporaciones foráneas sobre áreas geográficas estratégicas vinculadas estrechamente a las principales reservas de agua dulce y recursos naturales no renovables del país.
El porvenir parlamentario y las negociaciones con las provincias
La estrategia del oficialismo nacional apunta a que el proyecto de ley pueda ser tratado y aprobado en la sesión del próximo 16 de julio. Para viabilizar ese escenario, la iniciativa pasará este miércoles por una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que resulta fundamental para el futuro de la norma, ya que allí se discutirán las modificaciones de último momento destinadas a sumar los votos que le faltan al Gobierno.
Las reformas que se evalúan introducir al texto original estarían orientadas a otorgar una mayor participación y facultades de control a los gobernadores en los procesos de autorización de venta de tierras. Sin embargo, diversos sectores sociales y regionales mantienen las objeciones de fondo ante una legislación que vulnera el federalismo y pone en disponibilidad comercial la plataforma de recursos naturales que sostiene la subsistencia de las economías regionales.