La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo, el máximo tribunal sostuvo la vigencia de la actualización salarial para docentes y nodocentes, así como la recomposición de los programas estudiantiles en todo el territorio nacional.
La resolución judicial frena el intento de avanzar con el recorte de fondos sobre las casas de altos estudios, un elemento clave para el desarrollo y el arraigo de los jóvenes en el interior del país.
El rechazo al decreto del Poder Ejecutivo
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos sobre actualización salarial y fondos para becas y programas académicos.
El argumento de la Corte Suprema para rechazar la apelación del Gobierno fue de orden procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal.
Sin embargo, el fallo no resuelve el fondo de la controversia, que consiste en determinar si el decreto del Poder Ejecutivo puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso de la Nación o no. De este modo, el tribunal dejó firme la medida cautelar mientras el proceso judicial principal continúa su curso ordinario.
La brecha entre los recursos otorgados y la Ley de Financiamiento
La decisión de la Corte Suprema de Justicia llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta un monto de $50.000.000.000.
A pesar de estos desembolsos recientes, la comunidad universitaria advirtió sobre la insuficiencia del presupuesto frente al impacto de la inflación y la quita de partidas. Desde el sector educativo precisaron las diferencias reales en el financiamiento:
La oferta oficial del Gobierno nacional representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. En contraposición, la Ley de Financiamiento vigente establecía una meta obligatoria del 0,75% del PBI para garantizar el normal funcionamiento del sistema.
En ese contexto de desfinanciamiento y reclamo de las provincias, la decisión del máximo tribunal mantiene la vigencia de la protección sobre los salarios docentes y las becas de estudio, mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una sentencia de fondo definitiva.