Cómo en otros momentos de la historia Argentina, la presión de los organismos internacionales de crédito vuelve a concentrarse sobre los ingresos de la clase trabajadora y los sectores independientes de la economía nacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) busca que la Argentina mejore su recaudación en un 3,3% del PBI mediante una ampliación de la base de contribuyentes que pagan el Impuesto a las Ganancias, retrotrayendo la situación a 2023, antes de que Sergio Massa eliminara el impuesto para la mayoría de los trabajadores. También pide el "alineamiento" del Monotributo con el régimen general, lo que implicará un severo incremento de la carga tributaria en ese sector de la población.
Así surge del staff report, un documento técnico donde, entre otros puntos clave de la macroeconomía, el organismo analizó las profundas asimetrías del sistema impositivo y propuso mecanismos para hacerlo supuestamente "más eficiente y equitativo". El plan diseñado contempla una agresiva reforma tributaria estructurada sobre la reducción del gasto tributario o exenciones fiscales y el aumento directo de los impuestos al consumo y los ingresos laborales.
El fin del Monotributo como refugio laboral: aumentos de alícuotas y quita de umbrales
En su informe, el organismo internacional señala que, si bien el Monotributo simplifica el cumplimiento tributario, fomenta la formalización y amplía la cobertura de salud y pensiones, impone una carga tributaria efectiva mucho menor que el sistema general, lo que genera una "fragmentación empresarial" y limita de forma deliberada el crecimiento de las empresas. Según los técnicos del Fondo, la estructura de pago fijo también crea importantes discontinuidades en la obligación tributaria entre los distintos umbrales de ingresos, lo que desalienta el acceso a las escalas más altas.
De esta manera, mientras el Gobierno nacional avanza en una marcada rebaja de las retenciones al campo y las grandes industrias, junto con la reducción a las cargas sociales a las empresas contemplada en la reforma laboral y el denominado Super RIGI, el "alineamiento" con Ganancias significaría que los monotributistas paguen más. Según el organismo, estos cambios permitirán reducir el costo fiscal y ahorrar 1% del PBI. Para los especialistas tributaristas, el planteo de máxima del Fondo es que tendría que haber un régimen de transición que permita reducir la brecha con el régimen general, mediante un incremento de las alícuotas y las cargas sociales.
Las alarmas en el sector independiente se encienden al recordar que el equipo económico de Luis Caputo conversó previamente con empresarios y tributaristas una propuesta para eliminar de forma definitiva el régimen del Monotributo para que esos contribuyentes pasaran directamente al régimen de autónomos. El régimen, creado hace 27 años para formalizar la economía informal, pasó de contar con 300.000 inscriptos en 1998 a superar más de 2,2 millones de adherentes puros. Si se incluyen empleados, jubilados y directores que además de su actividad brindan servicios o venden bienes, el total llega a 4,7 millones de personas. El monotributo se consolidó de esta manera como la categoría de empleo que más creció en la era Milei, reflejando la precarización del mercado de trabajo.
Más de dos millones de asalariados en la mira del Impuesto a las Ganancias
La iniciativa que estuvo en carpeta del Palacio de Hacienda también contemplaba crear un único mínimo en el Impuesto a las Ganancias, lo que suponía bajar sustancialmente el piso a partir del cual se empieza a pagar el tributo para ampliar la cantidad de trabajadores asalariados inscriptos en el gravamen. En línea con esa propuesta de ajuste, el Fondo plantea ahora modificar Ganancias, el segundo motor de la recaudación fiscal del Estado nacional.
La reforma implementada por Sergio Massa en 2023 —que en su momento fue apoyada por el propio Milei en el Congreso— redujo el universo de trabajadores alcanzados a menos del 1% de los empleados formales. Aunque en 2024 se revirtió en parte esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel previo a 2023.
Ahora, el FMI pide volver taxativamente al criterio fiscal del año 2019, cuando pagaba el gravamen al menos el 20% de los trabajadores formales. Mientras hoy se estima que hay más de 1 millón de empleados alcanzados, llevar la cobertura al porcentaje exigido por el Fondo implicaría que un total de 2,3 millones de personas sufran descuentos por Impuesto a las Ganancias. El impacto fiscal de esta medida recaudatoria sería de alrededor de 0,4% del PBI, equivalente a unos US$ 3.000 millones anuales extraídos de los salarios de los trabajadores.
El Fondo también exige simplificar las escalas y armonizar de forma estricta las deducciones entre las distintas categorías de trabajadores, que hoy tienen tratamientos muy dispares. Cabe recordar que desde enero, las bases impositivas vigentes establecen los siguientes parámetros de retención:
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Trabajador soltero sin hijos: Empezará a pagar Ganancias con un sueldo neto de más de $ 2,5 millones mensuales.
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Trabajadores casados: Quienes deducen cónyuge e hijos al 100% tendrán retenciones en sus haberes a partir de un sueldo neto de $ 4 millones.
Suba del IVA a los alimentos de la canasta básica
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal pilar de la recaudación fiscal del país, la propuesta del Fondo Monetario Internacional es unificar las tasas —eliminando las alícuotas reducidas y las exenciones más cuestionables— y compensar la pérdida del poder de compra en los hogares vulnerables mediante transferencias directas de asistencia social.
Actualmente, el IVA posee múltiples alícuotas que segmentan el mercado de consumo:
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Tasa general: Fijada en el 21% para la mayoría de los productos y servicios.
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Tasas reducidas: Establecidas en el 10,5% para determinados bienes esenciales y de capital.
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Exenciones: Productos liberados de carga tributaria para proteger el acceso a bienes críticos.
Estas diferencias generan los denominados gastos tributarios, ya que el Estado deja de recaudar un 1,2% del PBI al año por las exenciones y tasas reducidas del IVA. De esa manera, los cambios exigidos por el organismo financiero internacional implicarían una suba inmediata de la tasa del IVA para los alimentos de la canasta básica que hoy pagan el 10,5% o están exentos en las góndolas. La ganancia fiscal neta que el Fondo exige extraer del consumo básico de la población sería de alrededor de 0,4% del PBI, profundizando la crisis de consumo en las provincias.