El viceministro de Salud de la Nación, Guido Giana, presentó su renuncia al cargo tras verse sobrepasado por los crecientes focos de conflicto y el ahogo financiero que afecta las prestaciones del PAMI. Su salida expone las profundas grietas de una gestión que ha llevado el recorte de fondos en la obra social de los jubilados hacia límites insostenibles, afectando de manera directa la atención médica en las provincias.
Giana había asumido en el Ministerio de Salud impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo y contaba con el respaldo directo del ministro Mario Lugones, con quien compartía antecedentes en la gestión privada del Sanatorio Güemes. A pesar de que el PAMI no se encontraba bajo su órbita formal, su experiencia previa en el organismo durante el macrismo lo convirtió en el funcionario designado para contener los reclamos de laboratorios, clínicas y profesionales de la salud. Sin embargo, la presión de una estructura en virtual quiebra precipitó su salida.
Un reemplazo con antecedentes polémicos en la función pública
Para suceder al funcionario saliente, las autoridades nacionales designaron a quien se desempeñaba como su número dos, Rodrigo Sbarra. La llegada de Sbarra al máximo escalafón de la cartera sanitaria reactivó de inmediato la memoria política en los despachos oficiales debido a sus antecedentes en la función pública.
El nuevo viceministro es recordado en el ámbito político tras su paso por el Ministerio de Producción conducido por Francisco Cabrera. Al abandonar dicha dependencia, una inspección halló un sobre con 10.000 dólares en el cajón de su propio escritorio de trabajo. En aquel momento, la estrategia de defensa del actual funcionario fue tajante: "Me lo plantaron", fue su defensa.
Protestas en puerta y riesgo de quiebra para los prestadores
Lejos de atenuarse con las promesas de asistencia financiera realizadas por el Gobierno central en mayo pasado, el escenario prestacional del PAMI se ha agravado de manera sistemática. Las cámaras que agrupan a las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico privados denunciaron el mes pasado un desfasaje y atraso del 102% en los valores que perciben por cada prestación médica, sumado a los retrasos crónicos en los pagos reportados por los colegios de farmacéuticos y el paro total de actividades que llevaron adelante los odontólogos.
Ante la falta de respuestas y la decisión oficial de abonar las deudas con bonos estatales para simular un superávit fiscal, diversas instituciones médicas evalúan un paro general de actividades para los próximos días. Asimismo, clínicas del interior del país ya han recurrido a la vía judicial para exigir su exclusión del sistema de la obra social, argumentando que los aranceles vigentes y la falta de pago los están arrastrando al quebranto económico. Agotado de lidiar con esta situación límite, Giana formalizó su renuncia, abriendo un escenario de total incertidumbre sobre la continuidad de la cobertura de salud para millones de adultos mayores.