Los datos fiscales del cierre del primer semestre consolidaron una tendencia preocupante para la sustentabilidad de las cuentas públicas y el tejido social del país. Durante el mes de junio, la recaudación impositiva nacional sufrió una contracción del 7,4% en términos reales, exponiendo las severas dificultades del Gobierno nacional para sostener el superávit financiero en un contexto donde los ingresos fiscales directos se licúan y el programa económico depende de manera exclusiva de la profundización del ajuste fiscal nacional. Ante este escenario, el diputado nacional por el peornismo entrerriano, Guillermo Michel, alertó que "la peruanización de la economía ya es un hecho".
En términos globales, los recursos tributarios alcanzaron los $20 billones, lo que representó un incremento nominal del 23,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, esta cifra se ubicó casi diez puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para el período. La dinámica estacional también marcó un retroceso respecto al mes de mayo, cuando la recaudación había superado los $21 billones debido al vencimiento del Impuesto a las Ganancias para las sociedades comerciales.
Caída del consumo, precarización laboral e informalidad
El retroceso de los principales tributos vinculados al mercado interno y a la seguridad social refleja de manera directa el impacto de la crisis socioeconómica sobre el empleo formal y la capacidad de compra de la población. La erosión del poder adquisitivo y el cierre de unidades productivas se trasladaron de inmediato a las planillas de la AFIP, evidenciando que el sostenimiento de la recaudación se encuentra en una encrucijada estructural.
Al analizar las causas de este fenómeno y el comportamiento de las variables asociadas al consumo y al trabajo, el diputado nacional precisó los indicadores que sustentan su diagnóstico: "La peruanización de la economía argentina ya es un hecho. Y se nota primero en la recaudación: el IVA, termómetro de la formalidad, cae -7,2% real vs 2025. No es el único: aportes personales -4,6% y contribuciones patronales -3,3%. Todo lo vinculado al trabajo formal retrocede".
De acuerdo con la visión del legislador entrerriano, este retroceso impositivo es la consecuencia directa de las políticas oficiales que destruyen los puestos de calidad en el sector privado. "¿Por qué pasa esto? Porque entre el inicio del gobierno de Milei y hoy, más de 300.000 asalariados perdieron su empleo formal. ¿A dónde fueron? A la informalidad: +160.000 asalariados informales y +420.000 cuentapropistas informales", remarcó Michel, insistiendo en que este desplazamiento deteriora de forma irreversible la base tributaria nacional.
La realidad de las provincias y la consolidación de una economía dual
El crecimiento desmedido del cuentapropismo en las mediciones de empleo no se traduce en un proceso de modernización o emprendedurismo, sino en estrategias desesperadas de supervivencia ante la falta de alternativas reguladas. En ese sentido, Michel desmitificó el rol de estas nuevas configuraciones laborales que se expanden en el territorio. "Esos cuentapropistas no son trabajadores de Rappi o Uber. Son personas que buscan un 'rebusque' para juntar un ingreso de subsistencia. Y es que la formalidad hoy no es un régimen posible para empresas con ventas deprimidas, inundadas de importados y sin ningún RIGI para ellas", sentenció.
Esta desarticulación del tejido productivo no golpea a todas las regiones por igual, configurando un escenario de profunda asimetría federal que relega a las provincias que dependen de la producción agroindustrial, el comercio y las economías regionales. "La dualidad es tal que se replica a nivel productivo en todo el territorio: las provincias con minería o hidrocarburos no convencionales crecen, mientras el resto del país sufre contracción del PBG, del empleo formal y de la cantidad de empresas. Dos países en uno", concluyó el diputado nacional.
Factores comerciales y el comportamiento de los tributos clave
El balance de junio estuvo marcado por un fuerte retroceso en los ingresos provenientes del comercio exterior, donde el golpe más severo se registró en las retenciones a las exportaciones, que sufrieron una caída del 27,8% nominal, aportando un total de $881.128 millones. Este bajón estuvo asociado a la disminución de las alícuotas aplicadas a los principales granos y a la ralentización de las liquidaciones. Por su parte, los derechos de importación registraron un incremento nominal del 13,8%, sumando $545.789 millones, una variación condicionada por una base de comparación elevada respecto a 2025 y por la desaceleración de las compras al extranjero debido al freno de la actividad local.
Adicionalmente, la postergación para el mes de julio del vencimiento del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales para las personas humanas restó liquidez al fisco durante el período. En contrapartida, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios generó un aporte de $1,4 billones, mientras que Bienes Personales sumó $1,7 billones. Finalmente, el impuesto a los combustibles líquidos reflejó los constantes incrementos en los surtidores al totalizar $674.831 millones, lo que implicó una suba nominal del 70,4% que terminó pagando el consumidor final.