En momentos donde se profundiza el debate por la falta de financiamiento para las universidades públicas, la quita de partidas para medicamentos, las prestaciones médicas esenciales y el congelamiento de salarios de maestros, el esquema de recaudación impositiva vuelve al centro de la escena. Un exhaustivo informe latinoamericano presentado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el International Tax Observatory (ITO) expone la profunda asimetría de la estructura fiscal de la región. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos -casi lo mismo que la clase media, que abona el 29%- mientras que los sectores de menores recursos destinan el 37% de lo que generan al sostenimiento del Estado.
Según el informe, dado conocer por Eldiarioar, brecha de equidad se vuelve aún más pronunciada en los deciles más concentrados: el 10% más rico de la población tributa apenas el 25% de sus ingresos. Vicente Silva, asesor senior del ITO, explicó las bases de este fenómeno de regresividad impositiva que afecta la distribución de los recursos:
“El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advirtió el investigador.
La ingeniería financiera en la cima de la pirámide
El documento detalla que las mayores dificultades de fiscalización y equidad se concentran en la cúspide del poder económico. Al respecto, Silva puntualizó:
“Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”.
Por su parte, María Julia Eliosoff, directora de asuntos económicos en Argentina de la Fundación Friedrich Ebert, señaló que los grandes millonarios suelen recurrir al uso de tarjetas corporativas para gastos personales y a mecanismos de planificación fiscal para evitar la tributación en los países con mayores tasas. La especialista aportó datos sobre la matriz de recaudación local, donde el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa el 40% de lo recolectado por el fisco, mientras que el gravamen a los Bienes Personales aporta apenas un 1,3%.
“Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añadió Eliosoff.
Infraestructura pública para el beneficio privado
El estudio del Observatorio Tributario Internacional analiza de manera directa el modo en que las grandes fortunas se consolidan a partir de los bienes comunes y las estructuras que financia la totalidad de la sociedad a través de sus aportes cotidianos:
“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advirtió Silva.
El reporte identifica dentro de este selecto grupo a Marcos Galperin (Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (Banco Macro, con 1.000 millones) y Paolo Rocca (Techint, con 7.300 millones). El informe aclara que tanto Galperin como Bulgheroni han fijado su residencia y obligaciones fiscales fuera del territorio nacional, radicándose en Uruguay.
El impacto de las políticas de ajuste y la propuesta de un piso fiscal
El contexto macroeconómico local ha modificado el eje de las discusiones impositivas. El informe señala que, tras años de alta inflación y deterioro del poder adquisitivo, el debate se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas. Sin embargo, advierte un marcado sesgo en las decisiones de la administración central:
“Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”.
A pesar de que el país registra una presión tributaria del 27,8% del PBI —por debajo del promedio del 34% de los países de la OCDE—, el reporte enfatiza la necesidad de una reforma fiscal profunda:
“Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no es si Argentina debe abrir una discusión sobre cómo gravar mejor la riqueza extrema, sino cómo hacerlo con un diseño capaz de llegar donde los instrumentos tradicionales no llegan”.
Ante los límites que muestran las herramientas convencionales para alcanzar a los patrimonios más concentrados, el ITO impulsa la creación de un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a los US$ 100 millones para toda América Latina.
“Se trata de un mecanismo diseñado para asegurar que las personas con grandes patrimonios paguen al menos un nivel mínimo de tributación sobre su riqueza total, independientemente de cómo estén estructurados sus activos o de cuánto logren reducir su carga tributaria mediante el impuesto sobre la renta. A diferencia de los impuestos patrimoniales tradicionales, el impuesto mínimo funciona como un piso: si los impuestos ya pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral, se cobra la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el umbral, no se debe nada adicional”, concluye el informe.
Se trata de un debate estructural sobre la justicia social y el financiamiento del desarrollo que choca contra la actual retórica oficial, la cual califica a los tributos como confiscaciones, en un escenario donde los sectores de menores ingresos continúan soportando la mayor carga para el sostenimiento de los servicios básicos y la infraestructura del país.