En un escenario de desregulación extrema y bajo la política de «convergencia internacional», el precio de los combustibles en Argentina ha roto una barrera histórica. Mientras que un ciudadano en Estados Unidos paga en promedio USD 1,05 por litro, un argentino debe abonar USD 1,42. Esta diferencia del 35% resulta paradójica para un país que extrae el recurso de su propio suelo, pero que ha decidido eliminar el «Barril Criollo» para importar los precios de las crisis energéticas globales.
Durante el mes de marzo de 2026, la nafta súper superó los $2.000 por litro en los surtidores locales. Este incremento se enmarca en la estrategia de micropricing del gobierno de Javier Milei, que traslada directamente la volatilidad de la guerra en Medio Oriente al bolsillo de los conductores, acumulando un aumento del 514% desde el inicio de la gestión libertaria.
La nafta como motor de la inflación y el ajuste real
El encarecimiento de los combustibles no solo afecta a los particulares, sino que impacta en toda la cadena de costos logísticos del país. Los datos revelan una asimetría alarmante respecto a la capacidad de pago de los ciudadanos:
-
Aumento Real: El combustible subió un 56,9% por encima de la inflación general, que fue del 291,9% en el mismo período.
-
Brecha Salarial: Mientras la nafta vuela, los salarios del sector privado apenas subieron un 288%, quedando totalmente pulverizados frente al costo de movilidad.
-
Presión Impositiva: El impuesto fijo que grava la nafta creció un 118% en términos reales, pasando de representar el 10% al 20% del precio final que se paga en el surtidor.
Superávit fiscal a costa del deterioro de las rutas
Uno de los aspectos más polémicos radica en el destino de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Por ley, estos fondos deben dirigirse al mantenimiento de la infraestructura vial a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Sin embargo, los números oficiales muestran un desvío de recursos para alimentar el superávit fiscal:
De los $1.518.401 millones recaudados para este fin, la DNV solo ejecutó $920.578 millones. Esta diferencia de casi $600.000 millones fue retenida por el Ejecutivo, mientras el gasto total en Vialidad Nacional cayó un 72,3% en términos reales comparado con 2023, alcanzando su nivel más bajo desde la crisis de 2002.
Un peligro inminente en la calzada
La consecuencia de este «ahorro» estatal es el deterioro histórico de la red vial nacional. La falta de inversión se traduce en baches profundos, ausencia de señalización y pavimentos deformados, transformando las rutas en trampas mortales.
Expertos en seguridad vial advierten que el estado crítico de las calzadas, sumado al costo prohibitivo del combustible, no solo frena la logística productiva, sino que pone en riesgo inminente la vida de miles de conductores y pasajeros que transitan diariamente por el país. Ante esta presión, el Gobierno decidió postergar la actualización de impuestos hasta el 1° de mayo mediante el Decreto 217/2026, buscando evitar que la inflación de abril se dispare aún más.