Una investigación publicada por el portal DataClave ha dejado al descubierto una compleja operación de inteligencia y persecución judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), diseñada para desestabilizar a la conducción actual y allanar el camino hacia las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La maniobra, desarrollada en el marco de la «batalla cultural» pregonada por la Casa Rosada, habría sido ejecutada por un grupo de «cuentapropistas» del poder liderados por el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en complicidad con agentes de la SIDE y empresarios del sector.
El rol de Cúneo Libarona y el equipo ad hoc en Justicia
Mientras el Ejecutivo Nacional se enfocaba en la gestión general, en el Ministerio de Justicia se habría montado una estructura paralela para dañar la institucionalidad del fútbol. Bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, se articularon acciones administrativas y denuncias penales sin sustento real. En este esquema, el ex titular de la IGJ, Daniel Roque Vitolo, buscó inconsistencias legales para debilitar a la dirigencia, intentando imponer de forma forzosa la figura de las SAD a pesar de los reveses judiciales.
Este «grupo de tareas» encontró un aliado estratégico en el asesor presidencial Santiago Caputo, quien habría puesto a disposición recursos de la SIDE para complementar el hostigamiento. La trama incluyó a la diputada Juliana Santillán y al empresario Guillermo Tofoni. El empresario trajo al estadounidense Foster Gillet para que invirtiera en Estudiantes de La Plata cuyo presidente, Juan Sebastián Verón, mostró interés en el esquema de las SAD. Finalmente, las inversiones naufragaron y Gillet desapareció. Luego actuaron como el ariete mediático y político para presionar a los clubes del interior, aunque chocaron con la resistencia federal de los dirigentes que defendieron el rol social de las instituciones frente al intento de privatización.
La operación «Pendrive»: Compra de datos y adulteración
El punto máximo de la conspiración se dio con la adquisición de información a Juan Pablo Beacon, un exabogado del Consejo Federal de la AFA desplazado por desmanejos financieros y presuntos problemas de ludopatía. Beacon, asfixiado por deudas de juego, habría negociado la entrega de datos de su teléfono a cambio de sumas de dinero para saldar sus compromisos. El nexo para esta «venta» de datos fue el representante Marcelo «El Potro» Di Lauro, quien articuló con intermediarios como Hernán Finessi y José Ignacio Llados, gerente de relaciones institucionales de un importante medio deportivo.
De acuerdo con la investigación, Llados fue el enlace final con Mariano Leguiza Capristo, subsecretario de la SIDE. Las reuniones se habrían llevado a cabo en oficinas clandestinas en Puerto Madero y bares cercanos a la Secretaría de Inteligencia. Una vez obtenido el material, en la SIDE se habrían encargado de editar y adulterar el contenido para fabricar pruebas de supuestos delitos financieros, volcándolas en un pendrive que luego fue distribuido a la prensa para alimentar el ataque mediático.
El peritaje de la Corte que desmorona la maniobra
Pese al esfuerzo por instalar el denominado «AFA-Gate», la operación comenzó a desmoronarse tras la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), dependiente de la Corte Suprema. El informe pericial fue contundente: el dispositivo no cumple con los estándares de seguridad ni con la cadena de custodia, por lo que es imposible garantizar la autenticidad de los archivos. Esto confirma que la información fue manipulada antes de llegar a la justicia.
En este contexto de ajuste y presión institucional, las filtraciones de audios revelan el crudo mercado de información que se montó a espaldas de la ley. En una de las grabaciones, se escucha a Di Lauro presionar a Beacon para que reparta la «bolsa» de dinero con los intermediarios: “Desgraciadamente tenés que compartir, y por suerte apareció algo para compartir. Y apareció por medio de ellos (…) tenés que bajar guita a los muchachos”.
La pata política y los «cuentapropistas» del fútbol
La red de contactos involucró a figuras variopintas, según DataClave desde el abogado Víctor Stinfale (mencionado como «el hombre Latita») hasta el cuñado de Matías Morla, Maximiliano Pomargo, y Matías Eurnekian, quienes habrían mostrado interés en acceder al material para «quedar bien allá arriba». Incluso el exentrenador Ricardo Caruso Lombardi aparece mencionado en reuniones cercanas a la sede de Agremiados.
La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, tras conocer el informe que invalida las pruebas del pendrive, analiza iniciar acciones legales contra los responsables de este montaje y los medios que difundieron información adulterada. La trama revela que, más allá de la discusión ideológica sobre el modelo de clubes, existió un plan deliberado de espionaje y coacción para apoderarse de los negocios del fútbol utilizando los recursos del Estado.