Una investigación basada en registros bancarios públicos ha desatado un fuerte escándalo político al revelar que un nutrido grupo de funcionarios del Ministerio de Economía, diputados nacionales y comunicadores vinculados al gobierno de Javier Milei accedieron a créditos hipotecarios millonarios a través de la banca estatal. Las transacciones, realizadas mayoritariamente bajo la gestión de Daniel Tillard en el Banco Nación (BNA), han generado una ola de críticas debido a la hipocresía y la contradicción entre el uso de recursos públicos para beneficio personal y el discurso oficial, generalmente con retórica violenta e hiperideologizada, en contra del Estado.
Los montos otorgados son significativos y, en algunos casos individuales, superan los 400 millones de pesos. La controversia se profundiza al observar que varios de los beneficiarios han impulsado públicamente la privatización de las mismas entidades financieras que hoy les brindan financiamiento a largo plazo, en un contexto de fuerte restricción crediticia para el resto de la población.
Los nombres clave en el Poder Ejecutivo y el área económica
Dentro del equipo del ministro Luis Caputo, los registros señalan a figuras centrales de la gestión económica. Felipe Núñez, director del BICE y referente en redes sociales, encabeza la lista con un préstamo de 475 millones de pesos obtenido en febrero de 2025. Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, accedió a un crédito combinado que suma 467 millones de pesos entre el Banco Nación y el Banco Ciudad, defendiendo su situación al afirmar que a muchos sectores les está yendo mejor en poco tiempo.
La lista de beneficiarios en la estructura de la Presidencia incluye también a Juan Pablo Carreira, conocido en el ámbito digital como «Juan Doe», quien recibió 112 millones de pesos de la banca pública en diciembre de 2025. La difusión de estos datos, recopilados originalmente por la plataforma «Cuánto deben», sugiere una tendencia sistemática de acceso a financiamiento estatal por parte de los cuadros técnicos del oficialismo, y pone en duda si hubo discrecionalidad ya que los salarios públicos no llegan a cumplir los requisitos para recibir créditos tan abultados.
Financiamiento millonario para diputados aliados y oficialistas
El Poder Legislativo también registra movimientos de capital similares hacia legisladores que han sido piezas clave para el Gobierno en el Congreso. El diputado Santiago Santurio obtuvo un crédito por 340 millones de pesos, mientras que Mariano Campero accedió a 322 millones en mayo de 2025, coincidiendo temporalmente con su apoyo legislativo a vetos presidenciales de alto impacto social.
Otros casos destacados incluyen a Alejandro Bongiovanni, con un préstamo de 255 millones de pesos otorgado en enero de 2026, y la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió 225 millones. Sobre este último caso, han trascendido versiones que indican una intervención directa de la presidencia del Banco Nación para aprobar el trámite tras un rechazo inicial por parte de las instancias técnicas de la entidad.
Contradicciones ideológicas y sospechas patrimoniales
La opinión pública ha reaccionado con dureza ante lo que se percibe como una inconsistencia ética: el uso discrecional de la banca pública por parte de funcionarios que abogan por su desmantelamiento. Además, especialistas señalan que la toma de estos créditos millonarios podría funcionar como una herramienta para justificar la adquisición de inmuebles cuyos valores de mercado podrían no coincidir con los ingresos declarados previamente por los funcionarios.
Este escenario reaviva el debate sobre la transparencia en el otorgamiento de préstamos de la banca oficial y pone bajo la lupa la gestión de Daniel Tillard. Mientras el Gobierno mantiene su política de ajuste y equilibrio fiscal, la revelación de estas «preferencias políticas» en el acceso al crédito hipotecario abre un nuevo frente de conflicto en la narrativa de austeridad del Poder Ejecutivo.