En una resolución que marca un hito en el conflicto educativo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe dar cumplimiento efectivo a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El fallo de los camaristas Sergio Fernández y Jorge Morán rechaza los argumentos oficiales y ordena la actualización inmediata de los salarios docentes, las becas estudiantiles y los fondos para programas de investigación.
El tribunal fue contundente al cuestionar la estrategia de la Casa Rosada, que tras el rechazo legislativo al veto presidencial, había intentado suspender la ejecución de la norma mediante un decreto. Los jueces recordaron que una ley anterior (como la de Administración Financiera) no tiene jerarquía superior a una ley posterior dictada por el Congreso, desarmando el argumento técnico que el Ejecutivo utilizaba para no asignar los recursos.
Los fundamentos del fallo contra la «suspensión» de la ley
La Justicia analizó la contradicción del Gobierno, que promulgó la norma pero se negó a implementarla alegando falta de partidas presupuestarias específicas. Los magistrados sostuvieron que la inacción estatal no solo es jurídicamente inviable, sino que afecta derechos fundamentales:
El Poder Ejecutivo no puede utilizar una ley vieja para anular una ley nueva y específica aprobada por dos tercios del Congreso. El fallo resalta que el incumplimiento de la ley no protege el «interés público» ni el equilibrio fiscal por encima de todo, sino que lesiona directamente el derecho a enseñar y aprender. Además, se ratificó que, una vez que el Congreso insiste con una ley tras un veto, el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de ejecutarla sin dilaciones.
Un conflicto que paraliza a las facultades
La disputa por los fondos universitarios se arrastra desde 2024 y ha escalado hasta comprometer el ciclo lectivo 2026. Recientemente, la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que el presupuesto enviado por el Gobierno para este año ignora por completo los recursos previstos en la ley 27.795, lo que dejaría a las casas de estudio sin fondos para salud, investigación y extensión hacia el segundo cuatrimestre.
Mientras el Gobierno intenta enviar al Congreso un nuevo proyecto para modificar el esquema de financiamiento, la Justicia ha sido clara: la ley vigente debe aplicarse. Este fallo de segunda instancia respalda lo dictado originalmente por el juez Martín Cormick, quien ya había ordenado suspender el decreto que «frenaba» las actualizaciones salariales.
Impacto en la semana de paros
La noticia del fallo judicial llega en medio de una semana de paro total y medidas de fuerza convocadas por los gremios Conadu, Conadu Histórica y Fatun. Para los sindicatos y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), esta sentencia representa un respaldo vital a sus reclamos, aunque advierten que la lucha continuará hasta que los fondos se vean efectivamente reflejados en las cuentas de las universidades y en los recibos de sueldo de los trabajadores.