En el marco de una jornada nacional impulsada por la CGT, una amplia convergencia de organizaciones sociales y gremios de Entre Ríos se concentró frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Humano en Paraná para rechazar el rumbo económico conjunto impuesto por la gestión nacional de Javier Milei y la administración provincial de Rogelio Frigerio.
La marcha reunió a las dos vertientes de la CTA, la CGT Regional Paraná, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y movimientos de la economía popular como la UTEP, la CCC, el MTE, el MST y Sutep. Frente al edificio de Córdoba y Laprida, las entidades unificaron reclamos mediante la lectura de un documento unitario que diagnosticó el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares y en los hogares asalariados.
Alerta por el quebranto de las PyMEs y la precarización laboral
El documento multisectorial expuso la gravedad de la crisis productiva en los municipios entrerrianos, atribuyendo la caída de la actividad al impacto directo de las medidas macroeconómicas de desregulación y contracción del consumo.
"Hoy marchamos para denunciar que las políticas inhumanas de ajuste feroz y entrega del gobierno nacional del Presidente Javier Milei, en explícita conformidad con la gestión provincial del Gobernador Rogelio Frigerio, están destruyendo de manera sistemática el entramado productivo de nuestro país y de nuestra provincia".
Desde las centrales obreras y los movimientos de base remarcaron que este modelo económico induce la pérdida del empleo genuino, debilitando a la pequeña y mediana industria local para favorecer la concentración de riquezas en sectores especulativos, mientras se expande el desamparo de la clase trabajadora.
El pliego de reivindicaciones de los sectores populares
Las organizaciones fundamentaron su plan de acción en un conjunto de demandas prioritarias orientadas a mitigar la emergencia social y proteger la soberanía provincial:
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Continuidad del programa Volver al Trabajo: Reclamaron el sostenimiento del Salario Social Complementario (ex Potenciar Trabajo) y advirtieron que la interrupción de estos programas condena a miles de familias a la indigencia.
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Garantía alimentaria y contención territorial: Exigieron el desglosamiento de fondos para el abastecimiento continuo de comedores populares, alertando que la falta de cobertura básica por parte del Estado abre las puertas al avance del narcotráfico en los barrios vulnerables.
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Defensa irrestricta de la Caja de Jubilaciones: Manifestaron un tajante rechazo a la reforma previsional promovida por el Ejecutivo provincial que intenta elevar la edad jubilatoria y modificar la movilidad de las prestaciones, sentenciando: "¡Los jubilados no son el fusil de pasible del déficit fiscal!".
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Oposición a los desalojos y soberanía de la tierra: Impugnaron el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", al considerar que promueve la expulsión expedita de comunidades originarias y familias campesinas, facilitando la venta de tierras a capitales extranjeros.
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Soberanía energética y reforma tributaria progresiva: Demandaron la fijación de tarifas de energía eléctrica acordes al costo de generación de la represa de Salto Grande y la creación de una sobretasa al impuesto inmobiliario rural destinada a los latifundios que superen las 1.000 hectáreas. Asimismo, exigieron al gobernador que reclame ante la Nación la restitución de la masa coparticipable recortada a la provincia.
Convocatoria a la unidad en las calles
Al término de la movilización frente al edificio ministerial, las conducciones sindicales y los referentes sociales instaron a profundizar la articulación gremial en todo el territorio entrerriano para frenar los avances sobre el patrimonio estatal y los derechos laborales.
El pronunciamiento colectivo cerró con una consigna firme en defensa de los recursos regionales: "¡La patria no se vende, la provincia se defiende!".