Mediante una resolución de fecha 30 de abril, la Justicia Federal dio un nuevo paso en la acción preventiva de daños ambientales presentada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl. Esta medida judicial busca proteger el ecosistema del río Uruguay frente al proyecto industrial de la empresa HIF Uruguay SA. A través de un exhorto, la justicia requirió al presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Luis Montero, que informe en un plazo de diez días hábiles si se ha comunicado oficialmente el proyecto de la planta de “e-Combustibles” y si la firma ha presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.
Exhortos internacionales vía Cancillería a organismos uruguayos
La justicia también ordenó al Canciller Pablo Quirno que, mediante exhorto judicial, solicite información detallada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de dicho país. Entre los requerimientos se encuentran la fecha de presentación y copia certificada de la solicitud de autorización ambiental previa, así como el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto en Paysandú. Asimismo, se solicitó precisar la fecha de realización de la audiencia pública en el proceso de evaluación y requerir informes sobre los beneficiarios finales de HIF Uruguay SA y sus empresas vinculadas, conforme a la Ley 19.484.
Defensa de las costas entrerrianas y transparencia empresarial
El diputado nacional Guillermo Michel destacó la relevancia de estas disposiciones para la soberanía ambiental de la región. Michel señaló que: “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. La justicia le requirió información de la planta a la Comisión Administradora del Río Uruguay y solicitó a Cancillería que envíe exhortos al Uruguay para pedir detalles de la inversión y del capital accionario de la empresa que llevaría adelante la inversión”. El objetivo es obtener claridad sobre el origen de los capitales y el impacto real que la inversión industrial tendrá sobre el recurso hídrico compartido.
Críticas a la gestión provincial por la falta de acción oficial
Finalmente, el legislador cuestionó la postura del Poder Ejecutivo provincial ante este conflicto binacional. El diputado nacional expresó que: “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’ y esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios”. Michel concluyó afirmando que “todas estas acciones las debería haber efectuado él en su carácter de gobernador, pero en lugar de trabajar en la provincia, elige sobrevolar los temas con una irresponsabilidad llamativa”, enfatizando la necesidad de una gestión técnica y constante para proteger los intereses de los vecinos de la costa del Uruguay.