El entramado judicial en torno a Pablo Daniel Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo imputado por un brutal triple homicidio y fundador de la agrupación misógina “Varones Unidos”, sumó un nuevo capítulo de extrema tensión en las últimas horas. En medio de graves denuncias por intimidaciones dirigidas a los familiares de las víctimas desde su lugar de encierro, el acusado formalizó el cambio de su estrategia legal y fue derivado de urgencia a la capital provincial bajo estrictas condiciones de seguridad.
Nueva defensa técnica en la Unidad Penal N° 1
Este jueves, alrededor de las 12 horas, se labró un acta oficial en las instalaciones de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, establecimiento penitenciario donde actualmente se encuentra alojado el imputado tras ser trasladado desde el sur provincial. En el procedimiento administrativo intervino el personal de la División Tratamiento Correccional del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.
Durante la diligencia, Rodríguez Laurta manifestó su expresa voluntad de designar como nuevo abogado defensor al doctor Augusto Lafferriere. El letrado es ampliamente reconocido en los tribunales entrerrianos por haber ejercido la representación legal de Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017. La designación quedó asentada formalmente mediante un acta firmada por las autoridades de la cárcel de Paraná, quienes actuaron como testigos ante la imposibilidad de convocar civiles por la premura del trámite.
Denuncian amenazas de muerte desde el servicio penitenciario
La modificación en la asistencia técnica de Laurta coincide con denuncias que exponen las graves fallas de control interno en las instituciones carcelarias. En las últimas semanas, familiares de su expareja Luna Giardina denunciaron haber recibido recurrentes mensajes intimidatorios enviados presuntamente por el acusado desde su celda en Gualeguaychú, previo a su traslado definitivo.
De acuerdo con lo expuesto por la abogada querellante, Marina Romano, las amenazas de muerte e intimidaciones fueron dirigidas en forma directa a Laura Giardina, familiar de una de las víctimas. Entre los escritos que constan en la causa penal, aparecen frases como:
“Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy”. “Tarde o temprano se sabrá la verdad”.
Ante la desprotección manifestada por los allegados a las víctimas, la querella solicitó medidas cautelares urgentes para impedir cualquier tipo de contacto del detenido con el exterior, exigiendo además un bloqueo estricto en las comunicaciones dentro del sistema penitenciario. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que estas reiteradas conductas delictivas forzaron a la Justicia de Entre Ríos a ordenar el traslado inmediato del detenido a la cárcel de Paraná para mitigar los riesgos procesales.
Crónica de un plan criminal que conmocionó a dos provincias
El uruguayo espera ser sometido a un juicio por jurados en la provincia de Córdoba, donde enfrenta cargos de extrema gravedad que prevén como única pena la prisión perpetua. La hipótesis de la fiscalía sostiene que el imputado ejecutó un plan delictivo minuciosamente organizado, burlando los controles fronterizos y territoriales.
En septiembre de 2025 realizó maniobras de entrenamiento en kayak en territorio uruguayo para cruzar de forma forma clandestina el río Uruguay hacia la ciudad de Concordia, logrando desplazarse por la provincia sin ser detectado por las fuerzas de seguridad.
Se lo imputa como autor material del femicidio de su expareja Luna Giardina y del asesinato de su exsuegra, Mariel Zamudio, sucesos acontecidos en territorio cordobés. Se le atribuye el homicidio del remisero Martín Palacio, quien acudió a buscar al imputado a la terminal de colectivos. El cuerpo del trabajador fue hallado desmembrado luego del robo y posterior incendio del vehículo que conducía.
Captura en Gualeguaychú, abuso infantil e intento de fuga
Tras perpetrar la seguidilla de crímenes durante el mes de octubre del año pasado, el sospechoso emprendió una veloz huida llevando consigo a su propio hijo de apenas 5 años. La desesperada búsqueda policial culminó cuando fue localizado por las fuerzas provinciales y federales oculto en las instalaciones del hotel Berlín, en la ciudad de Gualeguaychú.
Con el avance de las pericias tecnológicas sobre el teléfono celular secuestrado en el procedimiento de captura, la situación procesal del imputado se agravó ostensiblemente. La fiscalía incorporó nuevas imputaciones tras hallar en el dispositivo material de abuso sexual infantil (MASI), además de mapas, documentos digitales y mensajes que daban cuenta de la planificación de un inminente intento de fuga del país.
La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó recientemente la elevación de la causa a juicio oral y público con jurados populares, instancia donde los ciudadanos determinarán la culpabilidad definitiva del femicida. Las familias de las víctimas, representadas en las acciones legales, continúan exigiendo penas máximas y mayores garantías de protección ante el evidente perfil de peligrosidad que ostenta el detenido en la Unidad Penal N° 1.