El fiscal federal de Rafaela solicitó imputar a los dos últimos presidentes de la láctea por la presunta apropiación indebida de aportes jubilatorios y de obra social, un dinero descontado a los trabajadores que nunca llegó al Estado. La maniobra abarca 33 períodos fiscales.
El conflicto judicial que envuelve a SanCor Cooperativas Unidas Limitadas sumó un capítulo decisivo que desnuda una grave maniobra de presunta corrupción y desfalco contra los propios trabajadores. El fiscal federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel, solicitó el procesamiento de los dos últimos presidentes del Consejo de Administración de la láctea por el presunto delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La maniobra denunciada comprende 33 períodos fiscales entre 2020 y 2024, con un monto total retenido de $1.644.440.882,68.
El dinero descontado al trabajador que se esfumó
La causa judicial se centra en una falta grave con profundas consecuencias sociales: la empresa actuó como agente de retención y percepción de los aportes jubilatorios y de obra social descontados a sus empleados, pero no depositó ese dinero en los organismos correspondientes dentro del plazo establecido por ley.
El dictamen del fiscal imputa 17 hechos a José Pablo Gastaldi (presidente entre 2020 y 2022) y 16 hechos a Alberto Eduardo Sánchez (sucesor hasta 2024). Solo en enero de 2024, el aporte no depositado ascendió a más de $146 millones, incluyendo tanto las contribuciones jubilatorias como las de obra social.
El fiscal Onel concluyó que la responsabilidad penal recae directamente sobre quienes, como representantes legales y máximas autoridades de la cooperativa, tenían facultades plenas y tomaron «decisiones que derivaron en el incumplimiento sistemático».
La denuncia nació de los trabajadores
El expediente judicial no se originó por una auditoría estatal, sino por la denuncia de los propios trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato a fines de 2023. La causa penal se da en el contexto de una fuerte crisis productiva y financiera de la cooperativa, y de reiterados incumplimientos laborales que ya venía denunciando el gremio lechero ATILRA.
Los dos exdirectivos se negaron a declarar en sus respectivas indagatorias, aunque tampoco rechazaron los hechos imputados por el Ministerio Público.
El dictamen solicita al juez federal que dicte el procesamiento de Gastaldi y Sánchez, y que, si bien no pide prisión preventiva por el arraigo y la presentación voluntaria de los acusados, sí exige la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.
La decisión final sobre el procesamiento de los directivos de SanCor recae ahora en el Juzgado Federal de Rafaela. La causa, que expone un grave delito contra la seguridad social, podría derivar en nuevas imputaciones si la justicia detecta otras responsabilidades dentro de la estructura directiva de la láctea.