El escenario político nacional se encamina a una discusión estructural tras el anuncio del presidente Javier Milei, quien enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral integral. Bajo la premisa de que «se acabó la joda», la iniciativa del Poder Ejecutivo propone un giro radical en la forma en que se seleccionan candidatos y se financian las campañas, lo que impactará directamente en la vida interna de los partidos y en la oferta electoral para las próximas elecciones nacionales.
El fin de las PASO: un retorno a las estructuras partidarias
Uno de los pilares del proyecto es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). El argumento oficial sostiene la necesidad de dejar de «obligar a los argentinos a pagar internas de la casta», apuntando al costo fiscal que representa organizar una elección previa a las generales, incluso cuando muchas fuerzas políticas no presentan competencia interna real.
En la práctica, de aprobarse la ley, la selección de postulantes dejará de ser una instancia pública y obligatoria para toda la ciudadanía. Los partidos políticos deberán retornar a sus propios mecanismos de decisión, ya sea mediante elecciones internas limitadas a sus afiliados, asambleas o acuerdos de cúpula. Este cambio implica un desplazamiento del poder de decisión desde el electorado independiente hacia las estructuras de las fuerzas políticas, eliminando además la función de las primarias como un «filtro» o encuesta nacional anticipada que permite medir el respaldo de cada candidato.
Financiamiento político y el avance de la «Ficha Limpia»
El segundo eje de la reforma apunta al financiamiento de la política, proponiendo una reducción drástica o eliminación de los aportes directos del Estado para las campañas y el funcionamiento partidario. Actualmente, rige un sistema mixto donde el sector público garantiza espacios publicitarios y fondos operativos. La propuesta de Milei busca que la política deje de «vivir del bolsillo» de los contribuyentes, lo que obligará a las agrupaciones a sostenerse mayoritariamente con aportes privados, un cambio que genera interrogantes sobre la equidad de condiciones entre fuerzas con distintos recursos económicos y el origen de los fondos.
Por último, el proyecto incorpora el régimen de Ficha Limpia a nivel nacional. Esta normativa busca impedir que personas con condenas judiciales por delitos de corrupción, narcotráfico o lavado de dinero puedan ser candidatas a cargos públicos. La clave de este punto reside en la exigencia de antecedentes impecables: un candidato podría quedar excluido de la contienda si cuenta con una condena en segunda instancia, aun cuando la sentencia no se encuentre firme en su totalidad. Esto obligará a la Justicia Electoral a realizar un control exhaustivo y previo sobre la situación procesal de cada integrante de las listas.
Un nuevo esquema institucional en debate
La reforma redefine las condiciones de elegibilidad y transparencia en el sistema democrático. Mientras el oficialismo defiende la medida como un ahorro fiscal y un golpe a la impunidad, otros sectores advierten sobre la posible pérdida de participación ciudadana en la elección de sus representantes. El Congreso deberá ahora debatir si el país está listo para abandonar un sistema de primarias que rigió durante más de una década y avanzar hacia un modelo donde el financiamiento y la idoneidad judicial de los candidatos se vuelven los nuevos filtros del poder.