El escenario político y gremial de este 4 de febrero de 2026 se presenta crítico para la cúpula de la CGT. Tras el fracaso de la estrategia de diálogo con los mandatarios provinciales, la central obrera mayoritaria parece haber agotado sus instancias de negociación y se encamina a sumarse al plan de lucha iniciado por las dos CTA. El próximo viernes a las 11:00, el Consejo Directivo de la CGT se reunirá en la sede de la calle Azopardo con el objetivo de definir una medida de fuerza nacional que responda al avance del proyecto de reforma laboral en el Congreso, en un contexto donde el ala dura del sindicalismo gana terreno frente a los sectores que buscaban un consenso.
El naufragio de la «gira federal»
La intención de los secretarios generales de la CGT de sumar a los gobernadores como aliados para frenar o modificar la reforma laboral ha chocado con la realidad política. Los mandatarios provinciales parecen priorizar sus propias negociaciones con el gobierno de Javier Milei antes que la agenda sindical. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora canceló de forma sorpresiva la reunión prevista para este martes alegando problemas de agenda, mientras que en Santa Fe, Maximiliano Pullaro evitó el contacto directo y tampoco envió al emisario de confianza que había prometido. Por su parte, en el norte y el sur del país, gobernadores como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Rolando Figueroa mantienen una postura de reticencia, evitando atender los llamados de los dirigentes sindicales.
La lectura en la calle Azopardo es que los gobernadores están utilizando el proyecto oficial como moneda de cambio para negociar compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias, dejando de lado el rechazo a la flexibilización laboral. Esta falta de compromiso político ha dejado a la conducción gremial sin interlocutores válidos en el interior del país, acelerando los tiempos para un paro nacional.
Cronograma de protesta: las CTA marcan el paso
A diferencia de la CGT, las centrales CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores ya tienen un esquema de acción definido y ratificado para enfrentar lo que consideran un ataque a los derechos democráticos. El plan de lucha incluye una movilización inicial el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba, seguida por una marcha a Plaza de Mayo el 7 de febrero en el marco de la convocatoria denominada #7Antifascista. Posteriormente, el 10 de febrero se llevará a cabo una protesta en Rosario para federalizar el reclamo, culminando con un paro nacional con movilización el día que el proyecto se trate en el Congreso.
Presión interna y el «Frente de Sindicatos Unidos»
La conducción de la CGT también se ve presionada por el reciente lanzamiento del Frente de Sindicatos Unidos, liderado por gremios de peso como la UOM y Aceiteros. Este bloque ya ha manifestado su intención de ir al paro con movilización con o sin el aval de la estructura orgánica de la central. El encuentro del viernes será determinante para evitar una fractura de hecho y para unificar el discurso frente a una reforma que, según denuncian, impulsa una flexibilización extrema de los convenios colectivos y las condiciones de despido.