Mientras el estado de las rutas nacionales alcanza niveles críticos en todo el país, un grupo de veinte diputados peronistas, encabezados por el entrerriano Guillermo Michel, presentó un detallado cálculo sobre el destino del Impuesto a los Combustibles. Según el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha retenido ilegalmente un total de $1.165.491 millones que, por la Ley 23.966, deberían haberse girado al Sistema Vial Integrado (Sisvial).
Esta cifra astronómica, que representa el 28,58% de lo recaudado por dicho tributo, habría alcanzado para reparar la totalidad de las calzadas nacionales que hoy se encuentran en condiciones «pésimas» o directamente intransitables. La denuncia sostiene que el superávit fiscal que exhibe el Gobierno de Javier Milei se apoya en el incumplimiento de transferencias obligatorias y el desvío de estos fondos hacia colocaciones financieras.
La evolución de la retención: un crecimiento exponencial
El informe desglosa cómo el Palacio de Hacienda fue acumulando estos fondos a medida que el impuesto a los combustibles crecía por encima de la inflación debido a los sucesivos aumentos en los surtidores:
-
Período 2023-2024: Con un crecimiento de la recaudación del 378%, se retuvieron $354.835 millones.
-
Año 2025: La recaudación subió otro 92% y Caputo embolsó $688.126 millones adicionales.
-
Primer bimestre 2026: En solo dos meses, el monto retenido ya asciende a $122.530 millones.
Rutas «detonadas» y el malestar de los intendentes
La falta de inversión se traduce en banquinas convertidas en pastizales, señalización inexistente y baches profundos que afectan la competitividad logística y se cobran vidas en accidentes viales. Ante la inacción de Nación, intendentes de diversas localidades coordinan una reunión en Buenos Aires para este martes, con el fin de unificar una estrategia judicial y política.
El diputado Michel advirtió que los municipios son «la trinchera» que recibe las quejas de los vecinos por rutas nacionales que están totalmente abandonadas. Además agregó que en Entre Ríos, la situación es «insostenible» y es una de las provincias en peor Estado: «Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave», advirtió.
La «mentira del superávit» bajo la lupa
Para los legisladores firmantes, este caso es similar a la deuda de USD 1.000 millones que el Estado mantiene con proveedores del PAMI. Argumentan que el equilibrio fiscal es ficticio, ya que se construye sobre una «deuda flotante» que tarde o temprano deberá ser afrontada.
Además de la quita de los fondos viales, las provincias sufren la caída de la coparticipación por la profunda recesión económica, lo que deja a los mandatarios provinciales sin recursos para bacheos de emergencia en arterias que son responsabilidad exclusiva del Estado Nacional.