La Ley de Modernización Laboral sumó un nuevo y determinante revés en los tribunales bonaerenses. El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata dictó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la normativa sancionada el pasado 27 de febrero, sumándose al antecedente inmediato del juez cordobés Ricardo Giletta. El fallo cuestiona el mecanismo de actualización de créditos laborales, argumentando que el nuevo esquema vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
Para los magistrados platenses, la aplicación del artículo 55 contradice lo establecido en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Carta Magna. La sentencia se dio en el marco de un juicio por despido donde se ordenó el pago de una indemnización calculada bajo el marco normativo anterior, rechazando los topes impuestos por la reciente reforma que, según el tribunal, licúan el valor real de las compensaciones frente al avance de la inflación.
Los argumentos: actualización insuficiente frente al IPC
El eje del conflicto jurídico radica en que la nueva legislación establece un límite máximo para la actualización de deudas laborales basado en tasas del Banco Central, con un tope de inflación + 3% anual. Los jueces consideraron que este método genera una actualización insuficiente de los créditos de los trabajadores frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicaría una «vulneración» de la propiedad y del carácter alimentario del salario.
En el fallo se subrayó que aplicar tasas que no compensen adecuadamente la pérdida del valor del dinero por la dinámica inflacionaria reduce de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones. Este criterio judicial sostiene que el trabajador no debe soportar el costo de la desvalorización monetaria durante la duración de un pleito judicial, especialmente en un contexto donde los precios corren por encima de los topes fijados por la reforma de Milei.
El artículo 55 bajo la lupa del Poder Judicial
Este artículo es uno de los más sensibles de la Ley de Modernización Laboral, ya que redefine cómo se actualizan las deudas en los juicios en curso. El texto establece el uso de intereses del BCRA, pero con un piso del 67% de ese cálculo y el mencionado techo del 3% real anual. Este esquema buscaba dar «previsibilidad» a las empresas frente a las sentencias judiciales, un reclamo histórico de las cámaras patronales.
Sin embargo, con dos fallos de inconstitucionalidad en apenas una semana, el futuro de este apartado de la reforma queda envuelto en una fuerte incertidumbre jurídica. Mientras la CGT avanza con sus propios recursos ante la Justicia, se espera que estas sentencias locales escalen rápidamente hacia las cámaras de apelaciones y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia para definir la validez de los pilares de la nueva normativa laboral argentina.