La decisión del Gobierno Nacional de transferir la gestión de las rutas nacionales a las provincias mediante el Decreto 253/2026 ha desatado una tormenta legal y política. El Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (CONADUV) calificó la medida como «ilegal, inconstitucional e inoportuna», advirtiendo que habilitar el cobro de peajes directos sin una ley del Congreso vulnera el principio de «no hay tributo sin ley» establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Para la entidad, este esquema no es más que un impuesto encubierto. Argumentan que el peaje solo es constitucional cuando existe una contraprestación efectiva y proporcional; sin embargo, en el modelo propuesto, el cobro se percibe como un mecanismo general de financiamiento para provincias que reciben las rutas sin la transferencia de partidas presupuestarias necesarias para su mantenimiento, lo que pone en serio riesgo la seguridad vial y la integridad de las trazas.
Doble imposición y golpe a las economías regionales
El avance de la Red Federal de Concesiones (RFC) bajo este nuevo decreto genera una situación de doble imposición para el ciudadano. El usuario vial ya contribuye al sostenimiento de los caminos a través del impuesto a los combustibles; sumar un peaje directo sin vías alternativas gratuitas afecta directamente el derecho constitucional a la libre circulación y a la propiedad, encareciendo de manera drástica la logística productiva y el transporte de pasajeros.
Esta carga económica cae con mayor peso en las economías regionales, que ya enfrentan un contexto de hundimiento de la actividad (-2,6% en febrero). Al aumentar los costos de transporte, se pierde competitividad en los mercados y se restringe la circulación interna, transformando lo que debería ser un servicio público en una barrera para el desarrollo. Desde CONADUV sostienen que el sistema de peaje directo ha sido un fracaso técnico y proponen, en su lugar, un proyecto vial integral que fortalezca a la Dirección Nacional de Vialidad.
«Con peaje en toda la red y sin opciones gratuitas, la libertad es un eslogan vacío», concluye el comité.
Mientras en Entre Ríos los gremios denuncian que el ajuste llega a las jubilaciones y el transporte de ciudades como Concordia opera con flotas mínimas por falta de subsidios, la provincialización de rutas aparece como un nuevo traslado de responsabilidades del Estado Nacional hacia jurisdicciones ya asfixiadas financieramente. En ese sentido, la propuesta de la entidad es recuperar los fondos específicos de los combustibles para invertirlos en un sistema multimodal (terrestre, ferroviario y fluvial) que integre al país en lugar de fragmentarlo con cabinas de cobro.