En un nuevo y explícito gesto de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una visita al portaaviones nuclear USS Nimitz. La actividad, desarrollada en aguas del Mar Argentino, marcó el cierre de las maniobras navales Passex 2026, un operativo que no contó con aval del Congreso y que reaviva el debate sobre la autonomía nacional y el cumplimiento de las normas constitucionales en materia de defensa.
Un despliegue de fuerza en el Atlántico Sur
El mandatario arribó a la unidad de propulsión nuclear cerca del mediodía, tras partir desde Aeroparque en una aeronave de transporte militar. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador de EE.UU., Peter Lamelas, el jefe de Estado presenció las maniobras militares desde la cubierta del buque, donde aterrizó a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound estadounidense.
El escenario incluyó una exhibición aérea de cazas F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, simbolizando la estrecha cooperación militar que la actual gestión busca consolidar con Washington.
Maniobras «Gringo – Gaucho» y la Base Naval en Ushuaia
El operativo combinado, denominado históricamente como ejercicios «Gringo – Gaucho», involucró a los destructores argentinos ARA “La Argentina” y ARA “Sarandí”, junto al destructor estadounidense USS “Gridley”. Según fuentes oficiales, el objetivo fue «elevar los estándares profesionales de la Armada Argentina mediante el intercambio de doctrinas y procedimientos».
Sin embargo, detrás de la retórica técnica, subyace un proyecto de implicancias territoriales profundas para la región: la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia. Con un presupuesto de entre 400 y 500 millones de dólares y financiamiento parcial de EE.UU., este enclave es visto como un punto estratégico para facilitar el acceso a la Antártida, un activo crítico para los intereses soberanos de las provincias del sur y de todo el país.
La sombra de la inconstitucionalidad
Pese al despliegue mediático, la realización del Passex 2026 quedó envuelta en una controversia institucional. Las maniobras fueron habilitadas mediante el Decreto 264/2026, una decisión directa del Poder Ejecutivo que esquivó el tratamiento legislativo.
Las autorizaciones para el ingreso de tropas extranjeras y la realización de este tipo de ejercicios suelen requerir, por mandato de la Constitución Nacional, el debate y la aprobación de los representantes de las provincias en el Parlamento.
Al eludir al Congreso, el Gobierno nacional impuso una agenda de defensa que genera críticas por la falta de control civil y federal sobre las operaciones militares en aguas argentinas.
Esta representa la segunda visita de un portaaviones nuclear estadounidense en dos años, consolidando una política exterior que prioriza la subordinación estratégica a una potencia extranjera por encima de los consensos parlamentarios.
Desde la Casa Rosada se reafirmó la voluntad de sostener estos gestos de cercanía, ignorando los cuestionamientos sobre la legalidad de un procedimiento que, al menos formalmente, debió haber pasado por las cámaras legislativas para garantizar la transparencia y la defensa de la soberanía nacional.