La denuncia de la ONG Entre Ríos sin Corrupción suma el abandono de funciones, morosidad en la resolución de las causas y la aceptación de «contribuciones» de un banco contratista del STJ a la asociación que presidía la magistrada, configurando un grave conflicto de intereses.
La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, enfrenta una situación institucional crítica. Este miércoles, la asociación civil Entre Ríos sin Corrupción formalizó un nuevo pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, que se suma a la denuncia presentada la semana pasada y profundiza las causales de mal desempeño y falta de probidad.
La nueva presentación, realizada por la presidenta de la ONG, María Fabiana Cian, se centra en el abandono de funciones que ha paralizado la justicia y en un presunto conflicto de intereses con entidades financieras que son justiciables y contratistas del Estado.
El costo de las licencias: Morosidad del 90%
La denuncia ataca frontalmente el uso abusivo del sistema de licencias por parte de la magistrada. La ONG presentó estadísticas que, según los registros, exponen el alto índice de morosidad en la tramitación de las causas en la Sala Laboral que integra Medina.
La información revela que en 2024, el índice de morosidad en la Sala Laboral llegó al 90 por ciento. En el presente año, la cifra se mantiene en un alarmante 88 por ciento.
El contraste es brutal: “Mientras la vocal goza de licencias y publicita sus participaciones en eventos en múltiples destinos, muchos justiciables esperan y siguen esperando la resolución de los asuntos que llevaron ante los estrados judiciales”, reza el texto. Para los denunciantes, el “extraordinario número” de días de licencia configura un «grave abandono de funciones» e «indolencia incompatible» con su cargo.
Conflicto de Intereses: Aportes de un banco contratista
El punto más delicado de la nueva denuncia es el presunto conflicto de intereses generado por la presidencia de Medina en la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).
Se acusa a la vocal de haber gestionado y aceptado «contribuciones» a favor de AMJA por parte de «un justiciable y contratista del STJ»: una entidad bancaria que actúa como agente financiero del Estado entrerriano y está vinculada a fundaciones que habrían aportado fondos.
La ONG advierte que la recepción de esos aportes “implicaría al menos una grave inconducta desde la perspectiva de la ética judicial, ya que la magistrada no debería recibir jamás ningún tipo de aporte o monto de parte de un contratista del Poder Judicial y, a su vez, justiciable en su fueron en el que tramitan múltiples causas contra dicho banco”.
La presentación suma otra causal, la denuncia la alteración del orden de designaciones de vocales subrogantes cuando Medina fue presidenta del STJ (2022-2023), generando una “ineficacia funcional grave y una opacidad preocupante” en el pilar del juez natural.
El nuevo pedido de juicio político será analizado por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que ha sido convocada para reunirse este jueves a las 11 horas.