Desde las primeras horas de este martes, los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de Paraná se encontraron con un nuevo golpe al bolsillo. La tarifa plana de colectivos sufrió un incremento del 18%, elevando el costo del pasaje de los $1.570 que regían anteriormente a los actuales $1.852,60.
La medida fue implementada tras la autorización de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos, organismo que aguardaba la actualización del sistema por parte de SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) para hacer efectivo el nuevo cuadro tarifario. Este ajuste se suma a la seguidilla de aumentos que vienen erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores y estudiantes que dependen exclusivamente del servicio de transporte público para sus desplazamientos diarios.
Impacto en el presupuesto familiar y el costo del servicio
El incremento del 18% refleja la constante actualización de los costos operativos en un contexto de alta inflación y quita de subsidios nacionales, factores que terminan siendo trasladados de manera directa al pasajero. Para quienes realizan dos viajes diarios de lunes a viernes, el gasto mensual en transporte superará ahora los 74.000 pesos, una cifra que representa una carga asfixiante sobre los salarios medios y mínimos en la provincia.
La Secretaría de Transporte provincial justificó la medida bajo la necesidad de garantizar la sostenibilidad del servicio ante el aumento de insumos y combustibles. Sin embargo, el malestar social crece ante un costo del servicio que sube por encima de las paritarias, mientras persisten reclamos históricos por las frecuencias y el estado de las unidades en el área metropolitana.
Un esquema tarifario en tensión
La actualización de la tarifa plana a $1.852,60 vuelve a posicionar al transporte de la región entre los más caros del país, profundizando la desigualdad en el acceso a la movilidad urbana. Organizaciones de usuarios y sectores sociales advierten que estos aumentos, lejos de solucionar la crisis del transporte, expulsan a más personas del sistema formal hacia medios de transporte más precarios o peligrosos.
Mientras la Secretaría de Transporte de Entre Ríos y las empresas prestatarias argumentan un desfasaje de costos, la realidad en las paradas de colectivos muestra una ciudadanía cada vez más agotada por el financiamiento de un sistema que parece no encontrar un equilibrio que priorice el derecho a la movilidad por sobre la rentabilidad empresarial.