El sistema universitario nacional entra este lunes 30 de marzo en una fase de conflicto agudo. Los gremios docentes y no docentes iniciaron un esquema de medidas de fuerza escalonadas para exigir al Gobierno nacional una recomposición salarial urgente y un incremento en el presupuesto educativo. Ante la falta de respuestas oficiales, las federaciones sindicales han unificado el diagnóstico: la educación superior atraviesa una emergencia financiera que pone en riesgo el normal funcionamiento de las facultades.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) lidera la ofensiva con un paro total que se extenderá durante toda esta semana, desde el 30 de marzo hasta el 3 de abril. El plan de lucha no se detiene allí, ya que la organización ya programó otra semana de cese de actividades para finales de abril, evaluando además una gran movilización nacional para el día 23 de ese mes, dependiendo del avance del debate legislativo sobre el financiamiento del sector.
Un cronograma de paros progresivos y multisectoriales
La fragmentación de las medidas busca generar una presión constante sobre las autoridades. El martes 31 de marzo se perfila como el día de mayor impacto, ya que coincidirán las protestas de casi todos los sectores. La Ctera confirmó su adhesión para esa jornada y sumó un paro adicional para el 1 de abril, mientras que los trabajadores no docentes nucleados en Fatun iniciarán un cronograma de huelgas semanales que se repetirán los días 8, 17 y 23 de abril.
Además de la suspensión de clases, los gremios han previsto actividades de visibilización para sumar el apoyo de la comunidad estudiantil. La AGD-UBA, por ejemplo, impulsará clases públicas en las calles para exponer la situación salarial. El malestar es generalizado: los trabajadores denuncian que sus haberes han quedado pulverizados por el aumento del costo de vida, mientras que los gastos de funcionamiento de las universidades no alcanzan para cubrir servicios básicos e insumos de laboratorio.
El CIN declara la emergencia salarial y presupuestaria
El conflicto ha escalado más allá de lo estrictamente gremial. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de todas las universidades públicas, emitió un duro comunicado declarando la emergencia salarial y presupuestaria del sistema científico y académico nacional. Las autoridades universitarias exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, una normativa que el Ejecutivo nacional se resiste a aplicar plenamente.
Desde el CIN advierten que la situación es límite y reclaman la convocatoria «urgente» a una paritaria nacional que no solo discuta salarios, sino que garantice los fondos necesarios para la investigación y la extensión universitaria. En este contexto de incertidumbre, el inicio de la semana marca el pulso de un conflicto que promete profundizarse si no aparece una propuesta superadora por parte de la Secretaría de Educación de la Nación.